El abogado subrayó que, lejos de existir una parálisis administrativa en la dirección a su cargo, ya se procesaron 1.964 prescripciones desde que asumió como director hace seis meses.
Al profundizar en el aspecto técnico y legal, el abogado explicó a Última Hora que “la prescripción en sí es un perjuicio” a la Comuna porque representa la “pérdida del derecho de la Municipalidad de cobrar por el transcurso del tiempo”, debido a la “inacción” en la gestión de cobranzas durante periodos anteriores.
Sabaté aclaró que este beneficio no se otorga de forma automática, sino que es un “pedido de parte” que desde su dirección se debe corroborar, además de controlar cada expediente para saber si corresponde o no hacer lugar a la prescripción.
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Este proceso, según explicó, implica verificar minuciosamente si la prescripción “no fue interrumpida” por alguna “notificación judicial o extrajudicial”, un trabajo que requiere tiempo porque “se tiene que encontrar ese expediente” entre la gran cantidad de documentos acumulados, algunos incluso desde el año 2017.
Según el director, el malestar de los ediles surge porque “antes se regalaban las prescripciones como caramelo” y ahora, con la dirección a su cargo, se analiza si el pedido es legítimo para evitar que la institución “deje de ingresar dinero” de forma injustificada.
“Acá hay responsables que no se están determinando. Quieren dejar prescribir eso. Acá hay una prescripción por inacción o incapacidad de la Municipalidad para cobrar los tributos. Eso es lo que pasa. Hay gente que quiere evidentemente que salgan nomás las prescripciones en detrimento de los recursos de la Municipalidad”, aseveró.
Sabaté remarcó que mientras esté en el cargo no será “cómplice de que la Municipalidad pierda dinero”.
Consultado sobre las alternativas que tienen los contribuyentes con altas deudas para ponerse al día, recordó que “fraccionamientos siempre hubo” y que la Administración municipal ofrece diversos planes de descuento.
El abogado aludió a otros reclamos administrativos, como el de las solicitudes de espacios reservados. Detalló que de unas 700 solicitudes de espacios reservados ingresadas entre enero y febrero, ya se sacaron 680 desde su dirección.
Finalmente, se refirió a las críticas del presidente de la Junta, Arturo Almirón, quien apuntó que la burocracia dentro de la Municipalidad impide que los astilleros regularicen sus documentos.
“Esos astilleros a los cuales él se refería, ya tienen un dictamen positivo de la Asesoría Jurídica, se fue a la Intendencia y se quedó para su titulación, pero está en otro departamento”, explicó.
“Reactivación” del cajoneo de expedientes
En la última sesión ordinaria de la Junta Municipal, los concejales Carlos González (ANR) y Humberto Blasco (PLRA) hablaron sobre una supuesta “reactivación” del “cajoneo” de expedientes, particularmente en el piso 8 del edificio municipal.
Los ediles acusaron a los directores administrativos de provocar una “parálisis” deliberada que supuestamente afecta a cientos de expedientes de ciudadanos que buscan regularizar sus deudas.
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Blasco enfatizó que “cajonear expedientes de prescripción es ilegal” y que la Administración actual ha provocado un retroceso al permitir prácticas irregulares que fueron desactivadas durante la gestión del ex interventor Carlos Pereira.
Ante la supuesta inoperancia para procesar trámites, el concejal Almirón emplazó a las direcciones responsables a liberar la carga administrativa acumulada en un plazo de ocho días, bajo la advertencia de convocar a los directores a comparecer ante el pleno si no se obtienen resultados.
