Seguir aumentando salarios a funcionarios que no tienen las capacidades necesarias para el ejercicio de sus funciones y con políticos que ejercen presiones impunemente a los funcionarios y que ubican a sus operadores políticos solo profundizará la crisis por la que pasa actualmente la gestión pública, cuyos resultados se traducen en indicadores que dejaron de mejorar y, en el peor de los casos, muestran retrocesos.
En el ámbito económico la situación no está bien para la población. El crecimiento económico no muestra mejoras relevantes en el mercado laboral. Si se consideran los ingresos laborales de los últimos tres años (pospandemia), su crecimiento fue a un ritmo menor al del PIB y al de la inflación, por lo cual no solo no acompañan el crecimiento del producto, tampoco se mantuvieron en términos de su capacidad adquisitiva.
Mientras que los ingresos laborales acumularon un aumento del 8,5% en los tres últimos años, la inflación general acumulada fue del 15% y de alimentos el 21%.
Si bien en las estadísticas el porcentaje de personas desempleadas es bajo, la encuesta Latinoabarómetro 2024 pone a Paraguay como el país cuya población señala que el problema más importante es el económico y dentro de este el desempleo.
La informalidad se mantiene alta, por lo que la mayor parte de los trabajadores permanecen desprotegidos y con alto riesgo de pobreza en la vejez, así como tampoco cuentan con los beneficios del seguro médico del Instituto de Previsión Social.
Estos resultados dan cuenta de que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del producto por sí solos no garantizan mejores condiciones laborales. Esto debería preocupar a las autoridades ya que el 85% de los ingresos familiares provienen del trabajo remunerado y el 40% de los hogares tiene como jefa a una mujer, cuyos ingresos y situación laboral empeoran con respecto al promedio nacional.
Sin políticas de desarrollo productivo, laborales, de formación para el trabajo y de seguridad social, los ingresos continuarán bajos y perdiendo poder adquisitivo y el trabajo no permitirá salir de la pobreza, permanecer fuera de ella y garantizar una vida digna.
La política fiscal es la principal política pública para generar bienestar. El presupuesto es el instrumento principal, pero si este no contempla la calidad del gasto y el financiamiento óptimo de las políticas que necesita la población se convierte en un medio para beneficiar a unos pocos dejando atrás a la mayoría.
El mensaje presidencial y la información provista por las autoridades no dan esperanza sobre mejoras sustanciales en la calidad del gasto, así como tampoco rubros específicos para mejorar la calidad de los empleos y la seguridad social. Destaca sistemáticamente sus objetivos de estabilidad macroeconómica y crecimiento del producto; sin embargo, desde hace unos años estos buenos resultados no se sienten en la población. Al contrario, se anuncian aumentos salariales y de la deuda pública sin que se vislumbren los beneficios de dichos aumentos en mejores servicios públicos como salud, educación y transporte público.
