Un ciudadano, que pidió anonimato para evitar posibles represalias, denunció haber pagado un 10% de su deuda por impuestos con la Municipalidad de Asunción a una abogada particular para desbloquear su cuenta catastral.
Alegó que nunca accedió a la causa judicial ni obtuvo el finiquito, a pesar de haber abonado la totalidad y remitir el detalle del pago.
El informe de intervención a la Comuna capitalina había confirmado un supuesto esquema irregular que beneficiaba a abogados tercerizados por encima del interés de recaudar impuestos.
El contribuyente relató que acudió a la Municipalidad para pagar el impuesto de su vivienda. Allí le informaron que su cuenta catastral estaba bloqueada y que su caso se encontraba en manos de una abogada externa.
Detalló que en la hoja de su estado de cuenta, funcionarios de la Municipalidad le anotaron el nombre y número de la abogada Bonnie Salcedo.
“Grande fue mi sorpresa, que al llegar a Cobranzas, una funcionaria me informó que se abrió un caso para el ‘cobro judicial’ del impuesto, y me anotó en un papel el nombre de una abogada y su número de celular, y que ella tenía mi expediente”, comentó.
Remarcó que la profesional pedía el 10% de la deuda como honorarios para liberar la cuenta. Cuando el hombre intentó negociar el monto, que superaba los G. 3.000.000, según relató, recibió maltratos verbales.
Según el denunciante, en una llamada por WhatsApp ella le advirtió: “Si no tenía para pagarle a ella que era la que iba a levantar el bloqueo, mucho menos iba a tener para pagarle a la Municipalidad”.
El ciudadano acudió a la oficina de la abogada, en el barrio Sajonia, en diciembre de 2024. Allí abonó el dinero y se levantó el bloqueo de su cuenta. Luego le compartió las imágenes de la deuda cancelada y solicitó un finiquito de la supuesta causa judicial, pero nunca recibió documento alguno, aseguró.
La única constancia que tuvo fue una factura con el concepto “honorarios profesionales juicio Municipalidad de Asunción”, en la que figuraban el nombre del propietario del inmueble y un número de expediente municipal, sin consignar ningún número de causa judicial.
“Me humilló porque consideré injusto tener que pagarle a un abogado particular solo para que emita una orden de desbloqueo. Solo después de trasladarme a su oficina y firmar un formulario de desbloqueo, pude cancelar la deuda”, lamentó el afectado.
Insistió en que durante todo el proceso, ni la abogada ni la Municipalidad le mostraron la notificación que originó el cobro judicial y el finiquito. “Me pregunté por qué la Municipalidad renuncia a su función constitucional de cobro de impuestos y le cede a una abogada particular”, criticó.
UN ESQUEMA REVELADO
Según el informe del interventor Carlos Pereira, unos G. 126.000 millones en causas por cobrar estaban concentrados en una funcionaria y un abogado externo.
El documento advirtió que la Municipalidad bloqueaba cuentas de contribuyentes hasta que se pagaran los honorarios, priorizando a particulares por sobre los ingresos comunales.
Además, describió la práctica como una “desinformación sistémica” que atentaba contra la transparencia y los derechos ciudadanos.
Tras eliminar estas prácticas, la recaudación aumentó y permitió cubrir salarios y gastos operativos, según Pereira.
“Honorarios son por gastos”
Consultada por Última Hora, sobre la denuncia, la abogada Bonnie Salcedo alegó que desde 2021 trabaja con notificaciones extrajudiciales sobre el estado de cuentas a contribuyentes morosos.
Señaló que, en principio, la Municipalidad de Asunción le entrega una lista de morosos e incluso las notificaciones redactadas por la Comuna, con lo que técnicamente hace las veces de un ujier notificador.
En el histórico de pagos con bonos G8 se encuentra un desembolso de G. 33 millones a favor de la abogada, consignado en el informe de Carlos Pereira.
Salcedo indicó que tendría unas 200 causas judicializadas y que percibe un porcentaje cuando los contribuyentes de su lista abonan sus deudas extrajudicialmente y que, en casos judicializados, reclama el mínimo del 10% previsto en la Ley de Honorarios.
“Nosotros absorbemos todos los costos de las notificaciones extrajudiciales, a veces una, dos o hasta tres veces. El contribuyente cuando va a pagar sus impuestos directamente a la Municipalidad, ahí yo no intervengo ni cobro. Lo que se hace luego es una liquidación, y de lo que ingresa a la Municipalidad, a mí me pagan una partecita”, explicó.
Sobre los bloqueos de cuentas, señaló que se aplicaban únicamente dentro de procesos judiciales hasta antes de la intervención.
“El bloqueo es porque está demandado o por demandar. El desbloqueo que se hizo tras la intervención no significa que no se deban pagar los honorarios. La Ley de Honorarios me ampara”, dijo.
“No es que se extorsiona a la gente, eso no es mi caso. Es un trabajo de gestión de cobranzas que está amparado en la normativa vigente. La ley establece que tenemos derecho a honorarios de entre 10% y 25%. Muchas veces incluso hago descuentos, hasta del 8%, para cubrir los costos”.
Salcedo agregó que su trabajo está amparado por la normativa. “Si veo que la persona desconfía, le hago regulación de honorarios”, sentenció, defendiendo su derecho. Explicó que el finiquito de la causa da con el saldo cero de la cuenta con la Municipalidad, siempre.
No es que se extorsiona a la gente, eso no es mi caso. Es un trabajo de gestión de cobranzas que está amparado en la normativa vigente. Bonnie Salcedo Ramírez, abogada.
