@ruthbenitezdiaz
El economista, investigador y docente universitario, Luis Rojas, advierte que el Gobierno cambió de narrativa del éxito al de déficit para adelantarse a los malos resultados que se vienen. Señala que es urgente que aumente la recaudación impositiva.
–La salida de Carlos Fernández Valdovinos dejó muchas preocupaciones, principalmente la activación de lo que él llamó economía de guerra, ¿cómo observás este hecho?
–Se trata de un cambio en la narrativa del Gobierno, pero no en la realidad de la política fiscal. La política fiscal paraguaya tiene continuidad con el Gobierno de Peña y los gobiernos anteriores del mismo partido, de ajuste permanente, de bajos impuestos, baja presión tributaria, apenas un 11% del PIB por debajo de todos los países de la región. El Estado paraguayo es de los que menos invierte en salud, educación, infraestructura, rutas, en promover la industrialización, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, la agricultura campesina, en investigación, en universidades, innovación, formación de capital humano. El Estado paraguayo es un Estado ausente en el desarrollo económico y social porque recauda poco. Esa es una situación permanente. El Gobierno de Peña se niega a aumentar impuestos, a discutir una reforma tributaria, mantiene un modelo de Estado mínimo, esperando un desarrollo del sector privado que no llega nunca.
–¿Por qué cambia el discurso?
–Porque el Gobierno de Peña entró en su segundo tiempo en marzo y se inicia la parte final. En el primer tiempo todo fue crecimiento, florecimiento económico con los grados de inversión, estabilidad macroeconómica, que no había inflación y se generaba empleo. Esas promesas de desarrollo, de captación de inversión extranjera, se topan con la realidad de que no se están dando tantos resultados positivos. No hay una venida de inversión extranjera importante, una generación de empleo importante, mejora en salud pública, educación pública, infraestructura vial ni eléctrica. No se ve un proceso de desarrollo. Entonces, el Gobierno abre el paraguas en este segundo tiempo y habla de déficit. Que hay que hacer mayores ajustes y externaliza un poco esa responsabilidad de no haber hecho reformas importantes como la reforma tributaria, y le atribuyen al tipo de cambio, que bajó el dólar, que por eso se recauda menos, que se reciben menos divisas o pagos, compensaciones de Itaipú y Yacyretá, situaciones predecibles a las que pudieron adelantarse y tomar medidas. Entonces, el cambio discursivo prepara un escenario difícil en términos sociales y económicos.
–¿Desde una mirada política, qué opinás de la contradicción entre los actores del Gobierno que invocan una economía de guerra mientras se observa que el uso del dinero público es en beneficio particular como la asignación de bonificaciones de Bachi, la contratación de la hija de Alliana, el direccionamiento de licitaciones?
–Hay mucho que corregir en la política pública, que tiene que ver con los ingresos y gastos. Por el lado de los ingresos, Paraguay tiene la menor presión tributaria y es injusta, es decir, recauda más de los sectores de bajos ingresos, clase media y baja, a través del IVA, y recauda poco de los sectores de mayores ingresos, de la exportación, financieros, terratenientes, que aportan poco al fisco. Ahí es donde es urgente y necesaria una reforma. Paraguay tiene que duplicar y acercarse a los niveles de recaudación de los países del Mercosur en los próximos años y no está haciendo esa tarea. La segunda gran tarea tiene que ver con el mal gasto público, o sea, el Estado tiene pocos recursos y otra vez gasta mal, en lógica clientelar, prebendaria y allí surgen todos estos escándalos de bonificaciones extraordinarias, beneficios para correligionarios y amigos, sobrefacturaciones, contratos amañados. O sea, gasta en un marco de corrupción, restando aún más eficiencia al gasto y, a la vez, perdiendo la confianza de la ciudadanía, de los trabajadores, de los empresarios que se oponen a pagar más impuestos por el despilfarro. Entonces, son dos grandes tareas que el Gobierno de Peña no impulsó: Uno, el saneamiento del gasto público, el castigo a la corrupción, el saneamiento del Poder Judicial, para que haya seguridad jurídica y que sea independiente de los poderes económicos y políticos y esto mejore el uso del dinero público. Dos, aumentar la recaudación con una reforma tributaria necesaria que permita inversión social, en las calles en pésimo estado, la falta de desagüe pluvial, de alcantarillado, sistema eléctrico, empleo. Todo esto tiene un costo en la población, en mala calidad de vida.
–La macroeconomía tan celebrada por el Gobierno por su crecimiento, ¿cómo podría reflejarse en la población, que en definitiva no es la beneficiada?
–La estabilidad macroeconómica que proclama el gobierno, el crecimiento económico, las exportaciones son variables que no llegan a la gente en su día a día, no se traducen en una mejoría porque expresan un modelo económico excluyente, primario, exportador de materias primas, agrícolas, pecuarias, sin industrialización, sin diversificación de la matriz productiva, sin valor agregado, sin mejoría en la productividad de la fuerza laboral. Ese modelo genera una ganancia de corto plazo, explotando recursos naturales, la tierra, el agua, y es una ganancia muy concentrada en pocos actores de la economía, grandes terratenientes, empresas agroexportadoras, frigoríficos que son oligopolios, el sistema financiero, pero no chorrea hacia los sectores populares, no genera desarrollo económico, empleos de forma significativa, sino al contrario, destruye empleos al generar una migración del campo a la ciudad, una expulsión de la población campesina, indígena, al no generar industrias. No genera derrame ni distribución de riqueza. Y a esto se suma un Estado que tampoco redistribuye la riqueza que entra al país. La política fiscal justamente no recauda bien de los sectores que más ingresos tienen. La macroeconomía beneficia a una pequeña élite económica y política, un 10% de la población nacional. Después tenemos el 70% que está en la informalidad laboral, un 80% de la población sin seguridad social, sin jubilaciones. Entonces no llega la macroeconomía porque el Estado no favorece una diversificación económica, un fortalecimiento del capital humano, de la formación de la población ni de las condiciones de infraestructura. No tenemos un gobierno con un proyecto de desarrollo, sino más bien esperan las ganancias de afuera, de las exportaciones y de los préstamos internacionales, del endeudamiento público y de algunos recursos como los royalties de las binacionales. Pero la población mayoritaria está en una situación precaria, y la inflación concentrada en los alimentos que hace perder poder adquisitivo. Por ejemplo, la carne, y a esto se suma el endeudamiento de las familias con tarjetas de crédito, préstamos, usureros.
–Paraguay no está en guerra ni pandemia ni en una catástrofe como para proclamar una economía de guerra, ¿esta situación podría ser por tanto un colapso propio del modelo y un problema estructural?
–Sí, es un problema estructural del modelo económico y político, del modelo tributario, la política fiscal que no responde a las necesidades del país, del desarrollo que está desfinanciado, que por ello aumenta la deuda pública en más de 2.000 millones de dólares por año. Es una situación límite de las finanzas públicas que ya no puede cumplir con sus proveedores podría en el mediano plazo tener problemas para cumplir con los salarios, con las jubilaciones por la falta de recaudación e impuestos. Las demandas sociales insatisfechas desde hace años son desatendidas. Pero la élite económica y el Gobierno se oponen a cambios necesarios, estructurales, hacia un nuevo modelo político y económico, desarrollista, con inversión pública importante, en un marco de superación de la corrupción, del malgasto, y que se invierta en la fuerza laboral, salud, nutrición, infraestructura, investigación, todo lo cual permite el desarrollo económico y social a mediano y largo plazo. Ese es el gran desafío y la gran tarea que tenemos como sociedad.
- El Gobierno podría en el mediano plazo tener problemas para pagar salarios y jubilaciones por la falta de recaudación.
- La macroeconomía beneficia a una pequeña élite, un 10% de la población nacional. Luis Rojas, economista.
