Integrantes de varias bancadas del Senado firmaron el pedido de interpelación contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Buscan hallar a los responsables de la represión de los manifestantes de la protesta del domingo organizada por la Generación Z.
Para este sector, la violencia policial ejercida sobre manifestantes violaron garantías constitucionales e incluso tratados internacionales que consagran la libre expresión y el respeto a los derechos humanos, según señalan.
Con un total de diez firmas, ingresó al pleno para su tratamiento el proyecto de resolución que cita e interpela al ministro Enrique Riera y al comandante de la Policía. Sin embargo, los colorados optaron por “invitar” al ministro este jueves, a las 09:00, en la Cámara Alta.
El pedido de interpelación consta de siete puntos puntualmente detallados y hace un recuento de los aspectos que rodearon a la protesta y el actuar de las autoridades.
“La remisión al Ministerio Público de informes policiales en el marco de la causa N° 996/2025, caratulada “Innominada s/hecho punible a determinar”, en los que se han incorporado imágenes y reportes de múltiples manifestaciones ciudadanas entre el 18 y 28 de setiembre de 2025. Llama la atención que protestas de muy diversa índole –campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de adultos mayores, autoconvocados contra la corrupción, entre otras– hayan sido todas indiscriminadamente catalogadas dentro de una misma carpeta fiscal sin la existencia de un hecho punible específico…”, señala en su encabezado el documento.
Con relación a la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad, el documento apunta que “la aprehensión arbitraria de manifestantes sin flagrancia ni orden judicial, sin determinación concreta de hechos que sean considerados de relevancia penal, en abierta contradicción con las garantías constitucionales y procesales, lo que configuran privaciones ilegítimas de libertad que deben ser objeto de investigación penal y sanción”.
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Reparan en el hecho de que en la alta esfera policial permanezca el comisario “Gustavo Errecarte, con antecedentes penales o disciplinarios graves”.
Particularmente, alertan de que oficiales con estas características estén al frente de “operativos de gran envergadura, lo que refleja una preocupante tolerancia institucional frente a la corrupción y la falta de idoneidad en las fuerzas de seguridad”.
Buscan reprimir antes que garantizar derechos, aseguran
“La acumulación de estos hechos refleja una línea de acción estatal orientada a vigilar, infiltrar, disuadir y eventualmente reprimir las manifestaciones ciudadanas, en lugar de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, consagrado en los artículos 32 y 33 de la Constitución Nacional, en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Paraguay y en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La interpelación busca hallar varias interrogantes, entre ellas:
- Determinar la política oficial del gobierno en materia de protestas sociales.
- Exigir explicaciones sobre la legalidad de las prácticas de espionaje y vigilancia digital.
- Transparentar los recursos humanos y logísticos utilizados en los operativos policiales.
- Identificar responsabilidades políticas e institucionales por los hechos de violencia, detenciones arbitrarias y abusos registrados
- Garantizar la rendición de cuentas del ministro del Interior como responsable político directo de la conducción de la Policía Nacional.
