La promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales, que fue celebrada como un logro por el presidente de la República, Santiago Peña, generó un efecto contrario en la oposición, que aguardaba el veto al polémico artículo 24 que restringe el acceso a la información pública.
El senador progresista Rafael Filizzola afirmó que la ley tiene cláusulas muy mal redactadas que básicamente dan al poder político una gran discrecionalidad para negar información sobre todo de personas públicas.
“Mata la transparencia. Es una de tantas leyes que desmontan todos los avances en transparencia e integridad que se han ido logrando en estos años”, comentó.
Además, citó otros retrocesos importantes promovidos por el Ejecutivo. “Este Gobierno comenzó matando la Secretaría Anticorrupción (Senac). Consolidaron esta práctica nefasta para que las instituciones públicas puedan puentear a la Contraloría. De esa manera, destruyeron toda la capacidad de control de esa entidad”, reprochó.
“Las instituciones lo que hacen es pedir una inconstitucionalidad y llevan sus papeles al Tribunal de Cuentas y la Contraloría queda como figura decorativa. Mataron la ley de puertas giratorias. Este es el Gobierno justamente de las puertas giratorias”, acusó.
El senador independiente Ignacio Iramain expresó que, en primer lugar, es importante señalar que el derecho a la protección de datos es un derecho humano autónomo, no solo una extensión de la intimidad, que permite a las personas decidir sobre el uso de su información personal.
“Desde este punto estamos de acuerdo con que la promulgación de una ley de este tipo sea vista como una conquista”, señaló.
Con respecto al cuestionado artículo 24, remarcó que se restringe el libre acceso a la información pública.
“Ahora bien, este derecho también pone en tensión ciertos principios cuando disposiciones como las del artículo 24 de la novel ley restringen el acceso a datos públicamente relevantes, poniendo en cuestión el precepto constitucional del derecho a la información, comprendido como derecho fundamental que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información, especialmente la que está en posesión de órganos públicos”, consideró el senador.
Sostuvo que el cercenamiento incoherente al que se sometió esta ley, con nobles intenciones al principio, fue desnaturalizada hasta más no poder en este periodo por un sector político al que le interesa la opacidad del manejo de los recursos públicos.
“La modificaron y ajustaron a sus antojos, acodándose en el necesario objeto del proyecto, para tornarlo en función a intereses prebendarios y nepotistas“, increpó.
La senadora Esperanza Martínez, de Participación Ciudadana, posteó su cuestionamiento en X. “El artículo 24 de la nueva Ley de Datos Personales será el comodín de funcionarios y autoridades que deseen proteger su información patrimonial del escrutinio público. Utilizaron una ley necesaria para blindarse”, increpó.
