La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) junto con el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) presentó Rompiendo el Silencio, que es el “informe sobre crímenes de silenciamiento contra periodistas en Paraguay de 1989 al 2024”, que tiene el objetivo de recuperar la memoria de aquellos cuyas voces fueron acalladas, que en total suman 22 casos.
Acceder al informe aquí.
El acto de lanzamiento del libro se realizó en el Congreso Nacional y tuvo un elemento de gran emotividad por la presencia de los familiares de las víctimas, cuyos rostros fueron visibilizados.
Participaron altos funcionarios del Ministerio de Defensa; comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; miembros del cuerpo diplomático como embajadores de Chile, Alemania México y Gran Bretaña, además de representantes de la Cancillería y de las organizaciones de la sociedad civil.
Desde Codehupy señalan que con el informe no solo se busca dar un homenaje a quienes “perdieron la vida por investigar, denunciar y contar lo que otros querían ocultar”, sino también alertar sobre la necesidad de seguir combatiendo la impunidad. De los 22 casos de periodistas asesinados, solo tres tuvieron una sentencia.
El secretario general del SPP, Santiago Ortiz, destacó que los casos tenían un patrón principal, que es que los periodistas asesinados hablaban de temas como narcotráfico, crimen organizado, corrupción, y apuntaban a los “caudillos” locales.
“La impunidad es el mensaje más evidente del Estado para que estos grupos sigan asesinando periodistas”, expresó Ortiz.
También el perfil profesional, la localización geográfica, la modalidad de ataque y los resultados judiciales, son patrones que se han repetido en la mayoría de los casos.
Pero el elemento más relevante es que muchas veces estos periodistas pertenecen a organizaciones comunitarias, como campesinas e indígenas, desde las cuales ejercen el periodismo.
Por ese motivo, Ortiz hizo un llamado para que el Senado apruebe la ley de protección a periodistas y personas defensoras, y recordó que desde el cartismo se busca excluir a este segundo grupo. “Reivindicamos que los y las compañeras periodistas son personas defensoras de derechos humanos”, exclamó.
Otro factor importante es que la mayoría de los casos son de periodistas de medios locales que conocen su comunidad y pueden relatar cómo impacta en la vida de las personas el crimen organizado o el latifundio.
Los 22 periodistas asesinados desde 1989:
- Santiago Leguizamón (1991)
- Calixto Mendoza (1997)
- Benito Ramón Jara (2000)
- Salvador Medina Velázquez (2001)
- Yamila Cantero Cabrera (2002)
- Samuel Román (2004)
- Ángela Marisol Acosta (2006)
- Alberto Tito Palma Godoy (2007)
- Martín Ocampo Páez (2009)
- Merardo Romero Chávez (2011)
- Marcelino Vázquez (2013)
- Carlos Manuel Artaza (2013)
- Arsenio López Martínez (2014)
- Fausto Gabriel Alcaraz (2014)
- Edgar Fernández Fleitas (2014)
- Pablo Medina Velázquez (2014)
- Antonia Almada Chamorro (2014)
- Gerardo Servián Coronel (2015)
- Eduardo Daniel González (2017)
- Lourenço Leo Veras (2020)
- Humberto Coronel Godoy (2022)
- Alexander Álvarez (2023)
La investigación y compilación de archivo fotográfico estuvo a cargo de los periodistas Andrés Colmán Gutiérrez y Desirée Esquivel Almada.
Colmán explicó que para desarrollar el material fueron recorridos 4.000 kilómetros del país, desde Mayor Otaño, Itapúa, hasta Itakyry, Alto Paraná, pasando por Pedro Juan Caballero, Amambay.
El periodista pudo observar el aumento del miedo en este tiempo. “Las personas prefieren no hablar, porque es muy barato contratar un sicario”, expuso.
Colmán advirtió también que casi todos los casos han quedado en impunidad y que en su recorrido pudo reconocer un sistema fiscal judicial desordenado, con expedientes que desaparecen y con procesos en los que los acusados son liberados.
Como representantes del Senado estuvieron presentes además, en la conducción del acto, los senadores Rafael Filizzola y Esperanza Martínez.
Filizzola lamentó que a pesar de todos estos hechos, en el gobierno actual sigan personas vinculadas al crimen organizado en los ministerios y las instituciones de seguridad.
El director de Codehupy, Dante Leguizamón, se quebró al recordar lo que vivió su familia luego de la muerte de su padre, Santiago Leguizamón, asesinado en Pedro Juan Caballero, y pidió que el Estado se encargue de a reparación de cada uno de los casos. “Descubrimos que Santiago no era solo nuestro padre, sino que era de todos y de todas”, manifestó.
Dante hizo un fuerte reclamo a los que truncan los avances en derecho y en protección, que son no solo políticos sino también otros actores, incluso periodistas.
“Nos duele que actores políticos e inclusive periodistas en vez de pensar hoy en la gran oportunidad de proteger a todas las personas que defienden derechos, entre las que claramente están los y las periodistas y sus familiares, priorizan mezquinamente sus pequeños espacios de poder y en otros casos aún más graves, mantener los espacios de impunidad existentes hoy”, sentenció.
Finalmente, lamentó que las estructuras de poder y la mafia se hayan afianzado después del asesinato de Santiago Leguizamón. “Después de que la impunidad se presente sin vergüenzas, le resultó mucho más fácil a la mafia, a los caudillos locales y a otros poderes que están en la sombra y no tanto, seguir asesinando a periodistas, como una herramienta de silenciamiento. Por eso considero importante que mencionemos a todos y a cada uno de ellos”, expresó.
La periodista Menchi Barriocanal sostuvo por su parte que entre tanto dolor, todavía hay uno más fuerte, que es la invisilización de las tres mujeres periodistas que fueron asesinadas en este tiempo. “Sus nombres no resonaron con la fuerza que merecían”, subrayó.
