Ayer, muy temprano, cuando las noticias estaban concentradas en la aglomeración en los vacunatorios por la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, otra información descorrió violentamente la agenda mediática: el asesinato con sello mafioso del narcopolítico Rubén Sánchez. Lo acribillaron en su dormitorio, en su custodiada residencia en Pedro Juan Caballero. Nadie más resultó herido. Los sicarios perdonaron a la esposa, al hijo pequeño que dormía en la habitación contigua, a su decena de escoltas y hasta los policías, que acudieron ante la alerta de los disparos, tuvieron la buena suerte de no ser alcanzados por las balas. Sánchez tenía custodia policial, pero el viernes se tomó el día libre, comentó el comisario de la zona.
Chicharõ —como se lo conocía— nunca ocultó su enorme fortuna e influencia política. Se movía en avionetas y autos de lujo, sin ser molestado por las instituciones del Estado. Siguiendo el guion del narcotraficante más famoso del mundo, Pablo Escobar, se cansó de financiar candidaturas y decidió incursionar en la arena política, siendo electo diputado suplente por Amambay, detrás de Marcial Lezcano, con quien compartía los “ideales de Bernardino Caballero”. A propósito, Lezcano es hoy candidato a intendente de Concordia Colorada en Pedro Juan Caballero.
El “golpe político” más fuerte de Chicharõ fue en el 2015, cuando ingresó a la residencia presidencial, a una reunión con Bachi Núñez, entonces asesor de Horacio Cartes. La Senad, que lo estaba siguiendo cautelosamente para atraparlo, pisó freno cuando la lujosa camioneta enfiló hacia los jardines de Mburuvicha Róga. Tal fue el escándalo que luego lo apresaron, ya que estaba procesado por lavado de dinero y días después el Tribunal de Conducta de la ANR, siempre reacia a depurar su lista negra, lo expulsó de sus filas, no porque era un impresentable, sino porque puso groseramente en evidencia a los líderes de entonces.
Los Sánchez pululan hoy en la política, que se ha vuelto una mercancía muy cara porque otorga carnet de poder absoluto e impunidad. La narcopolítica es el cáncer más virulento de la democracia porque corrompe todas las instituciones del Estado. La descomunal fortuna que manejan los narcotraficantes pone de rodillas a policías, fiscales, jueces, legisladores y presidentes de la República.
DINERO SUCIO. Los partidos (y más aún los tradicionales ANR y, en menor medida, el PLRA) tienen responsabilidad por el ingreso de los narcos y otros delincuentes a la política. Si rechazaran sus generosos aportes, sus “colaboraciones mensuales” y les negaran la membresía, serían obligados a vivir en la marginalidad, en el submundo del que no deben salir nunca, excepto para cumplir sus condenas. Tampoco deberían ser aceptados en las coquetas asociaciones rurales, tras convertirse en “ganaderos” al solo efecto de lavar sus fortunas mientras en sus estancias en vez de vacas crecen las plantaciones de marihuana, con aeródromos para el tráfico de cocaína.
La deriva de los partidos políticos en la democracia es preocupante. En muchos casos ya son meras franquicias vendiendo espacios a personajes cuestionados, desvirtuando sus doctrinas, ya que el que compra la banca lo hace para sus propios intereses sin importarle en lo más mínimo el futuro del país ni la imagen del partido.
Así aparecen empresarios, narcos y como si fuera poco, hasta antivacunas.
LA TRAMPA. Es común escuchar a los líderes políticos excusarse a la hora de expulsar a los delincuentes de las filas partidarias, alegando que hacen falta las sentencias judiciales como paso previo para el efecto.
Nada más cínico.
El principio de inocencia es un principio del mundo del Derecho que se rige por las reglas del Derecho y es totalmente distinto al mundo de la política que debe regirse por los principios. Un partido político no debe aceptar candidaturas sospechadas de narcotráfico u otros delitos. Los tribunales éticos tergiversan y manipulan porque en realidad no buscan custodiar los principios partidarios, sino garantizar la impunidad mezclando —deliberadamente— ambos conceptos. La ANR ni ningún otro partido puede aceptar en sus filas a Chicharõ ni a Ulises Quintana ni a otros sospechados por narcotráfico y para ello no necesitan sentencias judiciales. Menos aún en un país donde la prostituida Justicia blanquea todo el tiempo a corruptos de toda laya.
Aquí no hay excusas que valgan ni argumentos que sirvan. Ni para narcos ni para negacionistas, como torpemente defendió el empresario gastronómico devenido en político, Juan Galeano Grassi, cuando se le cuestionó que un antivacunas declarado como el Dr. Atilio Fariña integre su lista de candidatos a concejales de Asunción, en tiempos en que la pandemia de Covid-19 ya causó la muerte de más de 15.000 paraguayos y más de cuatro millones en el mundo. “En nuestra lista no censuramos a nadie ni discriminamos por pensar diferente”, escribió a modo de torpe defensa e involuntariamente dio en el clavo de la causa de la decadencia política.
Justamente ese es el núcleo del asunto. Los partidos deben tener límites éticos y eso se aplica especialmente cuando aceptan candidaturas. No pueden consentir a bandoleros en sus filas.
A no ser que asuman que son un engaño democrático y reconozcan públicamente que son meras franquicias para cuanto delincuente que busque expandir sus negocios gracias a la política.
Chicharõ (chicharrón) no es un accidente de la política. Hace tiempo que los partidos han dejado de representar a los ciudadanos para convertirse en aguantaderos o simples defensores de sectores privilegiados y de cárteles de variada especie.
Murió Chicharõ, pero otro ocupará su lugar tanto en el narcotráfico como en la política.
