El extractivismo es criminal. No se trata solamente de un modelo económico, sino de un sistema que paulatinamente destruye la naturaleza y con ello, la vida. La deforestación es una de las formas más comunes del extractivismo. Como consecuencia, solamente en el periodo 2002-2025, Paraguay perdió 1,2 millones de hectáreas de bosque, afectando de manera irreversible al ecosistema, según datos de Global Forest Watch (GFW), plataforma internacional de monitoreo satelital de la Universidad de Maryland, EEUU. Lo más grave, si cabe, es que esta práctica se efectúa precisamente en áreas protegidas. Es lo que ocurre en el Parque Nacional Médanos del Chaco, con la tala ilegal de toneladas de árboles de palo santo.
Este hecho fue denunciado por la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP), que presentó una demanda escrita ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). La tala y el robo de palo santo también afecta a una propiedad titulada a nombre de la UNAP, donde habitan grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario.
Informaciones del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y de organizaciones de la sociedad civil evidencian que al menos 5.000 hectáreas de áreas protegidas en Paraguay han sido destruidas por deforestación ilegal en los últimos años. El palo santo (Plectrocarpa sarmientoi), especie característica del Chaco, figura en la Lista Roja de Especies Amenazadas, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Por si fuera poco, el diputado José Rodríguez, del Movimiento Honor Colorado, presentó un proyecto de ley “Que modifica los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016 ‘Que declara como Área Silvestre Protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco’”. Esta reforma legislativa permitiría la prospección, exploración y aprovechamiento de recursos naturales dentro del área protegida. En una audiencia pública, en mayo de 2026, organizaciones ambientalistas e indígenas exigieron el rechazo del proyecto. Pese a ello, el parlamentario anunció que no lo retiraría.
La eventual aprobación del proyecto implicará el despojo del territorio ancestral del pueblo Ayoreo y pondrá en peligro de muerte al grupo en aislamiento voluntario. También perjudicará a productores locales y poblaciones urbanas y rurales del Chaco porque el área protegida resguarda la zona de recarga del Acuífero Yrendá, una de las escasas fuentes de agua dulce en una de las regiones más áridas del continente. La actividad industrial y el riesgo de derrames de hidrocarburos inevitablemente contaminarán este reservorio. El impacto ambiental no se limitará a la zona de intervención, dado que generaría un daño sistémico al ciclo de lluvias, a la producción agropecuaria y a la salud de la población en general.
El Parque Nacional Médanos del Chaco, de 605.075 hectáreas, fue creado en 2003. Está ubicado entre los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Su nombre deriva de los médanos, especie de dunas, formadas por la erosión causada por el viento durante cinco mil años. Forma parte de la Reserva de la Biósfera del Chaco, declarada patrimonio por la Unesco en 2005.
En suma, la situación del Parque Médanos del Chaco expone una grave debilidad de la política ambiental del país. Por un lado, se debate un proyecto de ley que busca flexibilizar la protección del parque, bajo la falsa premisa de que “desarrollo” significa explotar hasta el último rincón natural. Por el otro, la realidad demuestra que el Estado es incapaz de salvaguardar lo que ya está protegido. Modificar la legislación beneficiará a unos pocos y legitimará la degradación de un territorio ancestral clave para la biodiversidad y para la vida en Paraguay.
