Durante la sesión de la Cámara de Senadores de este miércoles, varios senadores de la oposición, incluso el propio senador liberocartista Dionisio Amarilla, solicitó que ambos ítems vuelvan a ser incluidos en el proyecto de ley.
Sin embargo, el bloque cartista y su mayoría aplanadora, quienes ya habían hecho uso y abuso de sus números para cambiar el texto remitido por el propio presidente de la República, Santiago Peña, impidió que ambos puntos se mantengan como servicios públicos imprescindibles.
Medidas. El punto señalado es parte del artículo 47 del proyecto de ley, que establece los servicios públicos imprescindibles, de manera a que el Estado paraguayo, cuando haya una huelga de trabajadores de dicho sector, tome las medidas correspondientes para evitar que estos servicios se vean interrumpidos.
Aquí quedaron: Atención sanitaria y hospitalaria; producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros combustibles; el proceso de pago de remuneraciones, pensiones, y haberes de jubilaciones y retiro; el sistema de pagos y liquidación de valores; la recolección y disposición de residuos; la seguridad vial; y otros que determinen las autoridades respectivas, siempre que se justifique el carácter esencial del servicio.
Los cartistas justificaron la exclusión de dichos servicios señalando que no forman parte de la estructura del Estado y no cuentan con funcionarios públicos, pero los opositores subrayaron que cobran dinero público y su propio nombre lo señala como transporte público de pasajeros.
“No debemos olvidar el dinero que sale del Presupuesto General de la Nación, ya que estamos subsidiando el transporte público, es decir, la ciudadanía subsidia y tiene derecho a tener transporte público y que no sea interrumpido debido a intereses particulares de mal llamados empresarios del transporte, que viven permanentemente perdiendo plata, según ellos. ¿Y quién paga el pato?, la ciudadanía”, reclamó en el pleno del Senado la senadora Yolanda Paredes.
debate. El tema en cuestión forma parte del Capítulo VII del citado proyecto de ley, sobre los “Derechos Colectivos” de los funcionarios públicos, el cual, el senador del Partido Cruzada Nacional (PCN), en nombre de los gremios de estatales, pidió testar por completo y establecer que dichos derechos se rijan por la Constitución Nacional y el Código Laboral.
Sin embargo, al igual que varias otras propuestas de modificación que presentó durante el debate, no se consideró su opinión y se pasó rápidamente a votar la versión de las comisiones.
Incluso, el senador Juan Carlos Galaverna (hijo), intentó una avivada al escuchar que Oviedo pidió testar todo un capítulo, y pidió seguir el tratamiento del proyecto de ley por capítulo, y no por artículo, como se venía realizando.
Pese a que el tema tenía tratamiento de código, que establece una modalidad específica del tratamiento de un proyecto de ley, casi prospera su moción, pero la lectura del reglamento obligó a Galaverna a retirar su propuesta.
Ahondando en el citado capítulo, se solicitó la inclusión del transporte y las telecomunicaciones, pero no prosperó, así como ninguno de los pedidos de modificación sobre dicho capítulo.
Servicios Públicos Imprescindibles. “Se consideran servicios públicos imprescindibles para la comunidad aquellos cuya interrupción total o parcial pongan en peligro la vida, la salud, la seguridad, la comunicación, la movilidad o los haberes de la comunidad, o parte de ella”, dice el proyecto de ley.
¿Cuáles son? Según lo aprobado: Atención sanitaria y hospitalaria; producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros combustibles; el proceso de pago de remuneraciones, pensiones, y haberes de jubilaciones y retiro; el sistema de pagos y liquidación de valores; la recolección y disposición de residuos; la seguridad vial; y que otros que determinen las autoridades respectivas, siempre que se justifique el carácter esencial del servicio.
Eliminados. La versión del Ejecutivo incluyó al transporte público y a las telecomunicaciones, pero fue testado por los senadores.
Nómina. El proyecto autoriza a entes a presentar a huelguistas una nómina de funcionarios obligados a trabajar. Se pidió que solo diga cantidad, pero no se aceptó.
