Los paraguayos sabemos lo que es un “agosto piru”. Llegado ese mes decimos en guaraní: “Agosto, vaka piru ha tuja (guaiguî) rerahaha”, lo que traducido nos dice que agosto es el mes que se lleva a las vacas flacas y a los ancianos. Nos contaron que este mes aciago se lleva a los que ya no poseen una buena salud y los abuelos recordaban que el cuerpo renueva la sangre y los que no pueden soportar esto, o los que no lograron hacerlo, se van.
En la Guerra Guasu tuvimos un agosto piru, el de 1868 en plena Guerra de la Triple Alianza, pero está vez no fue por un cambio de sangre, fue por un derramamiento de ella producto de las ejecuciones de los acusados de traición al Gobierno Nacional según la lista de fusilados, lanceados o bayoneteados, que los aliados encontraron entre los papeles de Francisco Solano López después de que este abandonara las Lomas Valentinas el 27 de diciembre de 1868, en aquella última batalla que luchamos con lo que se decía aún era un ejército paraguayo.
Esos Papeles de López fueron publicados en idioma inglés por orden del Gobierno argentino en 1869, con reediciones en español al año siguiente, con el afán de que en Europa y en América se conozca lo que ocurría en la retaguardia paraguaya en esta guerra y aunque hace un extenso listado de personas ejecutadas entre civiles, militares, paraguayos y extranjeros, desde julio hasta el 14 de diciembre de 1868, nos referiremos solamente al número de ejecuciones que hubo en el mes de agosto, día por día, más algunas observaciones. Todo esto ocurrió en el campamento de San Fernando, en la orilla derecha del río Tebicuary, a unos cinco kilómetros del río Paraguay.
Se debe aclarar que en esta lista no figuran los connotados personajes que fueron objeto de un juicio por aquel Tribunal de Sangre que todos recordamos. Estas son personas mayormente anónimas, excepto una muy notoria, el general José María Bruguez; entre estas personas se encontraban civiles y militares, tanto paraguayos como extranjeros, incluso prisioneros y desertores aliados.
Día 4: 3 ejecutados; un paraguayo, un francés y un portugués. Día 5: 1 ejecutado; se trata de Sinforoso Cáceres miembro del triunvirato correntino pro-Paraguay. Día 6: 2 ejecutados; uno de ellos argentino fusilado por desertor. Día 7: 1 ejecutado. Día 8: 2 ejecutados. Día 9: 41 ejecutados, todos civiles, acusados de traición; uno es español, y es fusilado Aristide Duprat, hermano de Dorothea Duprat de Lassere, que denunció en la posguerra su fusilamiento arbitrario. Día 10: 1 ejecutado, argentino. Día 14: 2 ejecutados. Día 15: 1 ejecutado, el presbítero José María Patiño. Día 17: 2 ejecutados. Día 18: 1 ejecutado. Día 19: 2 ejecutados. Día 20: 2 ejecutados. Día 22: 85 ejecutados, entre ellos el encargado de Negocios uruguayo en Asunción, Francisco Rodríguez Larreta. También son fusilados el marido y el padre de Dorothea Duprat.
Día 23: 23 ejecutados, citándose al ingeniero inglés John Watts, contratado por López en Inglaterra. Día 24: 11 ejecutados. Día 26: 41 ejecutados, entre los que se halla el proyectista y argumentador de la ley que declaró la guerra a la Argentina, el joven congresista y brillante redactor Carlos Riveros.
El día 26 fueron ejecutados varios oficiales, el primero de ellos es el mejor artillero paraguayo, el general José María Bruguez, y luego el Cnel. Manuel Núñez; el mayor Francisco Fernández, el mayor Vicente Mora, el mayor Cándido Mora, el capitán Miguel Rosas, el capitán Miguel Haedo, el Tte. Ignacio Ramos, el Tte. Anastasio Vallejos y el presbítero Vicente Bazán, de antiguo linaje colonial.
¿Por qué aquella concentración de ejecutados desde el día 22, y todo termina el día 26? Es por la sencilla razón de que, entregada la fortaleza de Humaitá el mes anterior, el Mariscal López –que tomó conocimiento de la cercanía de tropas aliadas– decide abandonar un indefendible campamento de San Fernando, lo que realiza el día 26, no sin antes apresurar la ejecución de la mayor cantidad posible de afectados. En la última semana dispone ejecutar a 167 personas, la mayoría civiles.
Aquel aciago agosto totalizó 220 ejecuciones mayormente por fusilamiento, entre los que se cuentan cinco presbíteros, y si consideramos que en los seis meses contemplados en aquellos papeles de López donde resultan unas 580 ejecuciones, estamos hablando de que un 40% se realizó solo en el mes de agosto. Para todas estas ejecuciones, incluida la del Gral. Bruguez y sin excepción, las anotaciones son hechas por el propio Gral. Francisco I. Resquín en estos registros y exhiben los términos “Por orden superior” (sic), “por Orden suprema” (sic) y “acusado de traidor” (sic), vale decir, por lo expuesto, que existía solo una simple acusación más no una sentencia dictada por lo que se entiende que estas ejecuciones eran directamente dispuestas por el mariscal presidente Francisco Solano López tal como refiere Resquín y así no habrían pasado por los tribunales de sangre que estaban atendiendo los casos más conocidos de conspiración, pues de las únicas sentencias de ejecución que se tiene información es de los últimos doce ejecutados entre los que se hallan Benigno López, hermano de Francisco Solano, José Berges, canciller, Vicente Barrios, ministro de Guerra y Marina, Juliana Insfrán de Martínez prima de López, Dolores Recalde, María Jesús Egusquiza, el vicecónsul portugués Leite Pereira, etc., pero sus nombres no figuran en la lista de Resquin, pues fueron fusilados después del 14 de diciembre de 1868, fecha del último registro. Aunque nos esforcemos en considerar la posibilidad de que estas personas hayan tenido un tratamiento procesal en aquellos tribunales no se puede entender como tamaña cantidad de reos condenados a muerte haya sido procesada judicialmente en tan poco tiempo por tan pocos fiscales. Para el caso de los soldados paraguayos desertores, la ejecución era sumaria y la explicación sería sencilla, habían violado normas del reglamento militar y la mayoría –en sus declaraciones– habían indicado que volvieron a sus valles sólo por necesidad de ver a sus familias o novias después de más de dos años de ausencia.
Distinto fue el caso de los prisioneros o desertores enemigos ya que éstos no infligían ninguna reglamentación militar paraguaya estando en cautiverio, con excepción de los que hayan podido ser recapturados en ocasión de alguna fuga. Incluso hay dos casos de brasileños fusilados sólo por haber comentado que se evadirían en cualquier momento, vale decir, se castigó –in extremis– una idea o un plan pero no un hecho constatado. Tampoco se justifica el fusilamiento sumario de los extranjeros sin causa ni sentencia, estos no están comprendidos en los reglamentos militares.
El contenido de la lista de Resquín, y sus sucesivas reediciones fue objeto de impugnación por parte del ex embajador americano en Paraguay Martin Mc Mahon a su paso por Buenos Aires, alegando que un nombre de la lista estaba vivo cuando salió del Paraguay, pero que figura como ejecutado, como fue el ejemplo del vicepresidente Francisco Sánchez, quien terminó siendo un caso de homonimia pues en la lista de Resquin aparecen cinco fusilados con el mismo nombre, un recurso bastante flojo ya que no dice nada de los cientos y cientos de fusilados y lanceados que no pudieron demostrarse que estaban vivos y, por el contrario, se confirmó en otras fuentes que muchos de ellos fueron efectivamente ejecutados. En las memorias del ex canciller José Falcón de Lara, publicadas en 2015 por los connotados historiadores Ricardo Scavone Yegros y el profesor emérito Thomas L. Whigham, es quien más lo confirma, así como las obra de A. Rebaudí, de la citada Dorothea Dupratt, del perdonado inglés Georges F. Masterman, funcionario de la embajada americana en Asunción.
La cuestión de los fusilamientos de San Fernando y el referido registro del Gral. Resquín llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos donde –en 1869 y antes de terminar la guerra– una comisión senatorial investigó sobre los maltratos recibidos por el citado Masterman y otro procesado y liberado, el norteamericano Porter Cornelius Bliss, y este último brindó detalles de los procesos y de las torturas aplicadas para arrancar declaraciones auto incriminatorias, así como una lista de ejecutados sobre los que testimonió que nunca habrían podido estar comprometidos en la conspiración.
La conclusión de la comisión resultó en la confirmación de que los citados Masterman y Bliss eran funcionarios al servicio del Gobierno americano y maltratados por el Gobierno Nacional al extralimitarse en el procedimiento de detención y de tratamiento inapropiado a ese personal diplomático.
La consecuencia de todo esto resultó en la renuencia del Gobierno de los Estados Unidos de enviar un nuevo embajador para sustituir a Mac Mahon que se retiró del Paraguay en julio de 1869 y no es hasta 1871, a un año de terminada la guerra, que un nuevo embajador americano llegó a Asunción.
Fuente: THE WAR IN PARAGUAY - President López Official Papers taken by the Allies in the assault of Dec., 27, 1868 and other papers. Buenos Aires – Stándard Printing (1869).
