23 abr. 2024

Para no exponerse jurídicamente Salud rechaza camas; firma refuta

REEMPLAZO. Desde Imedic ofrecieron 50 camas de terapia para compensar las comunes rechazadas. SIN SUSTENTO. Para proveedora, la decisión del Ministerio podría constituir lesión de confianza.

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) no aceptó la oferta de la cuestionada empresa Insumos Médicos SA (Imedic) de entregar 50 camas eléctricas de terapia intensiva en reemplazo de las que fueron rechazadas por no reunir las especificaciones técnicas y que habían sido adjudicadas en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El ministro Julio Mazzoleni dijo realizaron un análisis de la situación y que la cartera sanitaria no puede aceptar esta propuesta sin exponerse jurídicamente. “Hemos hecho una evaluación jurídica y entendemos que eso no corresponde. A lo mejor el sentido común y la practicidad nos querrían predisponer a aceptar, pero esto te da la pauta de cómo es rígida también la normativa”, dijo el secretario de Estado en entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Afirmó que el Ministerio de Salud está en una especie de corsé jurídico que en líneas generales protege los intereses del Estado, a veces con una carga burocrática importante.

Con el rechazo de la oferta, las proveedoras tienen unos días dentro de los plazos administrativos para poder levantar la rescisión del contrato de la cual fueron notificadas, si presentan los insumos (las 50 camas) con la documentación y las especificaciones técnicas, según Mazzoleni.

Resaltó que los cambios, las 50 camas eléctricas de terapia por las 50 camas comunes, se tenían que ver con el momento de la oferta. “Lamentablemente, solo cuando estos cambios se plantean antes de iniciados los plazos, o sea, un bien de mayor puede aceptarse en reemplazo de las especificaciones técnicas del bien acordado en el contrato inicialmente”, sostuvo.

Injustificado

El representante legal de la empresa proveedora Imedic SA, Andrés Casati, señaló que el rechazo de la oferta del Ministerio de Salud no se justifica jurídicamente si el Estado se beneficiará con aproximadamente G. 1.500 millones.

Dijo que el artículo 63 de la Ley de Contrataciones, que invoca la Dirección Jurídica del MSP, prohíbe realizar modificaciones contractuales que se refieran a especificaciones técnicas, pero siempre y cuando las mismas impliquen otorgar condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

“En el caso, es todo lo contrario. Las condiciones más ventajosas son para el Estado paraguayo. En vez de entregar 50 camas manuales de tres movimientos, se ofreció entregar 50 camas eléctricas de 5 movimientos”, señaló el abogado.

Casati recordó que la diferencia de precio por cama es de más de G. 30.000.000, según los referenciales establecidos para esta misma licitación y que se ofreció como compensación al Estado paraguayo más de G. 1.500.000.000 en el marco de un avenimiento que permite procurar soluciones a los contratiempos ocurridos por causas de fuerza mayor no atribuibles a la empresa.

“No se justifica para nada. Es más... habría que analizar si no incurrirán en lesión de confianza...”, opinó el asesor jurídico de las proveedoras de insumos médicos provenientes de China y que fueron rechazados.

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Opiniones

“Ministerio no puede aceptar sin exponerse”

“Hemos hecho un análisis jurídico y entendemos que eso (aceptar oferta de camas eléctricas en compensación a las rechazadas por incumplir especificaciones) no corresponde. A lo mejor el sentido común y la practicidad nos querría predisponer a aceptar, pero esto te da la pauta de cómo es rígida también la normativa. El Ministerio no puede aceptar sin exponerse jurídicamente”. Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

“Se ofreció compensar con más de G. 1.500 millones”

“En vez de entregar 50 camas manuales de tres movimientos, se ofrecieron 50 camas eléctricas de 5 movimientos. La diferencia de precio por cama es de más de G. 30 millones, según referenciales establecidos para esta misma licitación. Se ofreció como compensación al Estado paraguayo más G. 1.500 millones en un avenimiento que permite procurar soluciones a los contratiempos ocurridos”. Andrés Casati, abogado de proveedoras.

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