Amnistía Internacional (AI) señaló que la Policía Nacional respondió con “uso excesivo e innecesario de la fuerza” a las manifestaciones ciudadanas realizadas en marzo del 2021 en contra de la gestión por parte del Gobierno durante la pandemia del Covid-19.
En su informe 2021/22 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, AI aludió a las protestas ocurridas el año pasado en medio del avance del coronavirus en el país y que derivaron en una amenaza de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En el capítulo que habla sobre Paraguay, el organismo analizó igualmente la situación del país en relación con los derechos de los pueblos indígenas, de la comunidad LGBTI, de los activistas, así como de las mujeres y los niños, entre otros.
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Según el organismo, en las protestas convocadas en marzo de 2021 “contra una presunta corrupción en la respuesta a la pandemia y el colapso del sistema de salud”, hubo “numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía”.
“Vivian Genes y otras personas estudiantes que se manifestaban fueron detenidos y acusados de participar en un incendio que había afectado a la sede de la Asociación Nacional Republicana, el partido gobernante”, apuntó el documento.
Genes, una dirigente estudiantil que cursa Arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y cuatro personas más han sido señaladas por el presunto ataque. La joven estuvo 14 días en prisión preventiva antes de que un Tribunal de Apelaciones le concediera el 12 de abril de 2021 el arresto domiciliario.
Además, Amnistía Internacional advirtió de que no hubo “avances significativos” en varios casos de violaciones de derechos humanos cometidas en años pasados, entre ellas contra pueblos indígenas y personas LGTBI.
En concreto, el informe apuntó que el Estado “no devolvió las tierras ancestrales a la comunidad Tekoha Sauce del pueblo Awá Guaraní”, desalojada en dos ocasiones en años anteriores, “una de ellas para permitir la construcción de una central hidroeléctrica en Itaipú”.
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Amnistía también se refirió a la resolución emitida en octubre por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la que se responsabiliza a Paraguay de violar los derechos de la comunidad Campo Agua’ al no prevenir la contaminación de sus tierras con agroquímicos tóxicos.
Por otra parte, alertó sobre un “elevado número de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes”, así como de violencia contra las mujeres.
Detalló que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia documentó 3.850 casos de malos tratos y abuso sexual infantil entre enero y octubre, mientras que el Ministerio Público recibió 2.284 denuncias de abuso sexual infantil en los primeros diez meses de 2021.
En marzo del año pasado, la ciudadanía salió a las calles para pedir a gritos el fin de la corrupción y un mejor sistema de salud en medio de la pandemia. A pesar de las represiones de la Policía Nacional y los hechos de violencia, las manifestaciones no dieron marcha atrás y tuvo mucha fuerza en distintos puntos del país.
