La madre señaló a un equipo periodístico de NPY, que el niño inicio en el 2011 un tratamiento porque tenía un tumor en el estómago, lo que exigió una operación, seis sesiones de quimioterapia y transfusiones de sangre.
En el 2012, su estado empeoró y frecuentemente acudían al Instituto Nacional del Cáncer (Incán) para recibir atención.
En el 2019, su hijo estaba muy delgado y con frecuentes dolores de estómago, cabeza y huesos. En una ocasión, tras llegar del colegio manifestó que le dolía la cabeza y el oído, de donde empezó a salir sangre y pus.
Se dirigieron al Incán y allí le señalaron que debería someterse a cirugía y que para eso debería ir al Hospital de Clínicas para realizar chequeos previos.
“Ellos me dicen: ‘Este estudio tenés que mandar a hacerle a tu hijo. Sale G. 3 millones y medio’. Yo tengo que mandar hacerle (el estudio) a mi hijo, yo tengo que conseguir de todos lados para hacer”, manifestó la madre.
Al realizar los chequeos solicitados, se enteraron de su hijo estaba infectado con VIH.
En el Incán le salió reactivo en la primera prueba, pero una enfermera le solicitó hacer de nuevo, porque supuestamente la muestra de sangre se había caído al suelo y por lo tanto, debían repetir el test. Se repitió y se confirmó el resultado positivo, que fue comunicado a la madre por una de las doctoras.
La doctora le aseguró que durante la trasfusión de sangre aparentemente se habría contagiado e incluso, señaló que en un Hospital Nacional donde tienen pacientes ocurrió lo mismo, comentó la madre.
La mujer mencionó que durante todos estos años de asistencia al hijo, su marido trabajaba día y noche en el colectivo.
“Nosotros no teníamos ni un guaraní. Lo que él ganaba, entre G. 100 mil y G. 150 mil por día, nosotros al día siguiente gastábamos todito en el hospital”, agregó.
“Había estudios que eran carísimos. Nosotros teníamos que hacer hamburgueseadas o polladas para poder costear sus estudios. Desde el 2011 es la lucha que nosotros tenemos con él”, comentó con pesar la madre.
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La mujer también contó que junto a su marido tenían una despensa, pero que la gente dejó de acudir.
“Nosotros teníamos nuestra despensa y el tavy, la ignorancia de la gente, nadie compra más de nosotros”, relató, a la par de comentar que incluso le preguntaron si usan cubiertos separados en su casa y que además sus familiares les excluyen de acontecimientos y eventos.
La mujer mencionó que el joven sigue tratamiento retroviral, pero para otras necesidades como de odontología y oftamología deben acudir a servicios privados.
Tampoco tienen transporte, ya que el vehículo se descompuso y no tienen modo de arreglar. Asimismo, su marido hace dos años está sin trabajo luego de haber sufrido un derrame.
“Venimos acá para dialogar, para hablar y para pedir justicia. Lo que necesitamos es una indemnización que el Estado deberían darnos, porque en institución pública le pasó esta cosa (a mi hijo)”, agregó el padre.
Por su parte, el abogado de la familia señaló que en cuanto a lo civil se pudo caratular el expediente judicial y empezará el proceso correspondiente, que se correrá traslado a la Procuraduría, vendrá al Ministerio de Salud y se seguirá el ritual procedimental normal.
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Sin embargo, la intención es mediar con esta nueva administración para ver si se puede llegar a un acuerdo.
“El interés superior (del niño) es la vida, que tiene que ser protegida por el Estado, fue vulnerable a este niño a través del sistema, sea cualquiera u otra persona. Imagínese, la sangre que vino sin hacerse el protocolo correspondiente”, refirió el abogado.
“Lo único que pedimos es una indemnización para que este niño pueda tener una vida digna y poder tener por lo menos también sus familiares lo mismo”, acotó.
