El senador Éver Villalba anunció en la red social X que presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 173 del Código Penal para elevar las penas por la sustracción de energía eléctrica con fines comerciales, industriales o lucrativos, y establece el comiso de los equipos utilizados, entregándolos en propiedad a la ANDE. La propuesta propone la cárcel hasta cinco años.
“Esta iniciativa responde a las realidades actuales que no existían en el momento de la aprobación del Código Penal, asegurando que nuestra legislación se mantenga vigente y efectiva frente a nuevas formas de delito”, argumentó el legislador.
Es el mismo sentido, el Ejecutivo presentó la semana pasada un proyecto que pretende desalentar la instalación de criptominerías ilegales, modificando el citado artículo 173 del Código Penal, criminalizando el robo de la energía eléctrica, elevando las penas hasta los diez años de cárcel y estableciendo que la ANDE podrá solicitar la administración o uso provisional de los bienes incautados. “Para tener una idea, solamente este año hemos realizado 17 intervenciones de gran magnitud, que representan más de 50 MW de potencia desconectada”, detalló el presidente de la estatal, ingeniero Félix Sosa. Añadió que estos operativos muestran la existencia de muchas conexiones directas, y la necesidad de una herramienta legal para castigar a los responsables del robo de energía eléctrica, que representan entre USD 50 y 60 millones al año.
Pretenden prohibición por ley Por otro lado, en el orden del día de mañana del Senado figura la iniciativa que plantea prohibir “temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”. La propuesta tiene dictamen de rechazo de la Comisión de Legislación. La iniciativa lleva la firma de 14 senadores y busca restringir la actividad por al menos 180 días, hasta que haya una ley que la regule y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) esté en condiciones técnicas-operativas de ofrecer un servicio que responda a las necesidades reales de demanda de consumo de las “granjas de criptomonedas”, sin afectar a los demás usuarios del sistema eléctrico paraguayo. El plan no goza del consenso de la Cámara Alta y su análisis ya había sido pospuesta por 30 días antes de un nuevo estudio.
