La reciente controversia en torno a las tarifas eléctricas preferenciales para proyectos industriales pone sobre la mesa un debate crucial sobre las finanzas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el marco legal paraguayo. Fabián Cáceres, ingeniero y ex gerente técnico de la institución, afirma que la estatal no es una entidad de fomento y cualquier intento de otorgar energía por debajo del costo a empresas privadas debe someterse al escrutinio del Congreso Nacional.
Durante una entrevista con ÚH, Cáceres consideró que no se debería forzar a la ANDE a establecer tarifas políticas o subsidiadas mediante decretos, haciendo una clara alusión a las presiones recientes por parte de sectores del Gobierno y gremios empresariales para lograr un acuerdo con Atome PLC.
Para el especialista, el problema fundamental radica en desconocer la Carta Orgánica de la estatal eléctrica.
“En primer lugar, la ANDE no es una empresa de fomento a la industria. La ley de la empresa estatal establece específicamente cuál es su misión, que es proveer el servicio eléctrico a todo el país. Y con unas tarifas que tienen que cubrir todos sus costos y que tiene que tener una rentabilidad entre el 8 y el 10 por ciento”, señaló Cáceres.
El ex gerente advirtió que obligar a la administración a firmar acuerdos con tarifas que rondan los 30 dólares por MWh es un acto que “atenta contra la ley”, y respaldó la postura del actual presidente, Félix Sosa, de negarse a avalar un documento que podría acarrearle consecuencias jurídicas y penales.
“En la función pública lo que no está escrito no está permitido (...). Nadie puede tener una tarifa subsidiada, salvo que sea por ley. Solamente otra ley le puede equilibrar”, aclaró.
Beneficio por Ley. Frente a la insistencia del Gobierno para concretar el aterrizaje de estas industrias, Cáceres instó a transparentar el proceso y someterlo al debate parlamentario.
“Si es que de repente el ministro de Industria y Comercio, el jefe (de Gabinete), desean desarrollar algún tipo de industria con subsidios, tienen que llevar una ley donde se haga un subsidio explícito y el Parlamento esté de acuerdo”, enfatizó.
¿Quién paga? Finalmente, el ex gerente técnico puso en duda la viabilidad económica de este tipo de concesiones. Al trasladar la discusión al Congreso, remarcó que inevitablemente se deberá responder de dónde saldrán los fondos para cubrir la diferencia entre el costo real de la energía y lo que abonaría la industria beneficiada. Reiteró que la ANDE no debería ser la perjudicada.
- 30 dólares por MWh es la tarifa pretendida por Atome, que pide un acuerdo a 10 años sin variación.
