05 abr. 2026

Otorgan sobreseimiento provisional en una de las causas de Dany Durand y ex directivos de Mocipar

La Fiscalía pidió un año de plazo para realizar 15 diligencias más en la causa en contra de Dany Durand y ex directivos de Mocipar. El Juzgado primero se opuso, pero hubo ratificación del pedido de Fiscalía Adjunta y ahora decidió otorgarle.

Apoyo.  Dany Durand dice que el proyecto puede prosperar.

El ex ministro del MUVH tiene varias causas por supuesta estafa.

El juez Yoan Paul López otorgó el sobreseimiento provisional para el ex ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) Dany Durand, y otras seis personas, todos ex directivos de Mocipar. Estos estaban imputados por estafa y otros hechos.

El fiscal Aldo Cantero había pedido el sobreseimiento temporal, ya que hay 15 diligencias pendientes de realizar. El pedido fue ratificado por la fiscala adjunta Patricia Rivarola.

La causa por supuesta estafa, lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal, ya que se habría perjudicado a víctimas por un total de G. 162.775.000.

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¿Cuál era la sospecha?

Según la imputación, se debían construir viviendas y para ello, los afectados fueron pagando largas cuotas, sin embargo, no recibieron ninguna obra. Aparte de Durand, la causa es contra Luz Marina González, Fernando Román Fernández, Diana Teresita Britos, María Patricia Espínola, Marcela Adriana Durand y Flavio Arturo Britos.

Una de las víctimas pagó supuestamente entre el 2014 y el 2015 sus cuotas, pero ya en el 2016, le renovaron contrato y el monto que debía pagar mensual ascendió a G. 1 millón, según la denuncia.

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Otra víctima dijo haber iniciado sus pagos en enero del 2011, abonando mes a mes G. 135.000, y al siguiente año, “habría renovado otros nuevos contratos con el Plan Consorcio Casa y Consorcio Departamento Campos del Sol, dúplex ubicados supuestamente en Lambaré, donde habría aumentado su cuota en G. 750.000 que habría abonada hasta fines del 2019".

Una tercera persona alegó que pagaba G. 155.000 desde el 2011, y tras una renovación de contratos, el pago que debía hacer subió a G. 1.315.000, monto que pagó supuestamente hasta inicios del 2020.

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