“Empecé a hablar con vehemencia, en voz alta”, contó la abogada María Esther Roa, integrante de la Comisión Escrache Ciudadano, sobre su reacción cuando el comisario David Gamarra, encargado de la seguridad del Congreso Nacional, le informó que tenía prohibida su entrada.
Tres de los manifestantes que llevan adelante las constantes movilizaciones contra políticos acusados de corrupción acudieron el miércoles a la Cámara de Diputados para presentar una nota de urgimiento para el tratamiento de la pérdida de investidura de Carlos Portillo.
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“Pero grande fue la sorpresa cuando ingresamos a la puerta principal (este jueves), directamente los efectivos policiales nos dijeron que teníamos que salir otra vez hacia afuera y esperar, a lo que yo pregunté por qué razón, y nos dijeron que teníamos prohibida la entrada”, relató en contacto con la emisora 1020 AM.
Roa mencionó que consultó si existía alguna resolución u orden judicial que prohíba su ingreso a una institución pública, pero los oficiales no le dieron respuesta. Recién 30 minutos después, el comisario Gamarra le manifestó, según indicó, que no tenían resolución pero sí una orden de su superior, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.
La abogada comentó que, ante su queja, llegaron algunos periodistas, mediante lo cual se posibilitó su entrada. “Pero con cinco policías detrás nuestro”, añadió.
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Sobre el resguardo policial, Roa señaló que el comisario Gamarra alegó motivos de seguridad cuando fue consultado, ya que supuestamente corrían el riesgo de ser agredidos por los funcionarios.
María Esther Roa lamentó la situación, atendiendo a que se trata de servidores públicos. “Ellos son funcionarios, ellos tienen una norma de conducta que tiene que regir, esa actitud belicosa que ellos puedan tener contra unos ciudadanos es pasible de que ellos puedan perder sus cargos”, objetó.
Este miércoles, ciudadanos autoconvocados volvieron a manifestarse frente a la casa de Miguel Cuevas, a quien urgieron el tratamiento de la pérdida de investidura del legislador Carlos Portillo, investigado por tráfico de influencia.
La Comisión Escrache Ciudadano, además, se movilizó en su momento contra José María Ibáñez (ex diputado) y Óscar González Daher (ex senador, imputado y con prisión preventiva), entre otros políticos acusados de diferentes hechos de corrupción.
