La fiscala Sonia Pereira imputó y solicitó la captura del concejal colorado de Luque Jesús Romero Orué por el hecho punible de violencia familiar, tras ser denunciado por su ex pareja.
Igualmente, la Fiscalía pidió la prisión preventiva del edil colorado y “medidas cautelares reales suficientes”.
La víctima realizó la denuncia e indicó que hace tiempo viene soportando todo tipo de violencia por parte de su ex pareja, durante el tiempo que duró la relación y tras la separación.
En su relato, sostuvo que nunca realizó la denuncia por pedido de un familiar de Romero Orué, porque ambos cumplían cargos electivos y, principalmente, por el temor que tenía a las represalias.
“Desde hace tiempo ya no cuento con garantías sobre mi seguridad, tanto en mi vida privada y en mi trabajo. Temo por mi integridad y la de mi familia, especialmente por la de mi hijo”, relató a las autoridades.
De acuerdo a los datos, una vez terminada la relación en octubre del 2021, la mujer sufrió persecuciones en su ambiente laboral, que es la Junta Municipal.
La Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra todo tipo de violencia, contempla que en este tipo de situaciones deben ser protegidas la intimidad y la imagen de la mujer, como así también el derecho a garantías de confidencialidad y judiciales.
