De los 53 primeros magistrados que tuvo Paraguay desde la instauración de la Presidencia de la República, en 1844, apenas 11 concluyeron el mandato para el que fueron elegidos. La cifra asciende a 13 si se incluyen los periodos intermedios de Carlos Antonio López y Alfredo Stroessner, relató el historiador Herib Caballero Campos.
En ese recorrido histórico, Santiago Peña se convirtió, desde el 7 de noviembre de 2026, en el segundo presidente paraguayo detenido por delitos comunes tras su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y luego en Viñas Cué.
El historiador hizo un repaso de los antecedentes de jefes de Estado que fueron apresados, derrocados o no pudieron completar sus periodos de gobierno y señaló que la historia política paraguaya estuvo marcada por la inestabilidad institucional.
“La historia política paraguaya desde 1811 fue azarosa y estuvo marcada por alteraciones de la normalidad institucional”, sostuvo.
Entre los primeros antecedentes mencionó al brigadier Fulgencio Yegros, presidente de la Junta Superior Gubernativa, quien fue el primer jefe de Estado en conocer la prisión y, posteriormente, la ejecución, tras la conspiración de 1820 contra el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia.
También recordó que, luego de la promulgación de la Constitución liberal de 1870, el primer ex jefe de Estado detenido fue Facundo Machaín. Por orden judicial, fue recluido en la Cárcel Pública debido a un incidente relacionado con su actuación como abogado de los acusados por el asesinato del presidente Juan Bautista Gill. El 29 de octubre de 1879 fue asesinado en ese recinto penitenciario junto con otros prisioneros.
Caballero Campos mencionó, además, los casos de Juan Gualberto González, derrocado el 9 de junio de 1894 y trasladado como prisionero al cuartel del Batallón Escolta; Federico Chaves, detenido durante 48 horas en la Escuela Militar tras el golpe de Estado del 4 de mayo de 1954, y Alfredo Stroessner, quien permaneció detenido en el cuartel de Caballería 48 horas entre el 3 y el 5 de febrero de 1989, antes de partir al exilio en Brasil.
“Los golpes de Estado y las guerras civiles serían los motivos por los que, en algunos casos, los jefes de Estado estuvieran bajo custodia o detención en recintos militares o en sus residencias”, explicó el historiador.
En el periodo democrático, el investigador recordó los procesos judiciales contra Juan Carlos Wasmosy y Luis Ángel González Macchi. El primero fue condenado en 2002 a cuatro años de prisión por lesión de confianza en el auxilio al Banco de Desarrollo, aunque la condena no llegó a cumplirse y, posteriormente, fue absuelto por otras instancias judiciales.
González Macchi, por su parte, fue condenado en diciembre de 2006 a ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Permaneció 25 días detenido en la Guardia Presidencial, actualmente Regimiento Escolta Presidencial, antes de obtener la prisión domiciliaria. La sentencia también fue anulada posteriormente por instancias superiores.
En ese contexto, Caballero Campos ubicó la detención de Peña como un nuevo episodio en la historia de inestabilidad política e institucional del país.
‘‘Santiago Peña se convirtió en el segundo presidente de la República en estar detenido por delitos comunes, al ingresar en reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y pasó a engrosar la lista de quienes no concluyeron su mandato presidencial y el segundo jefe de Estado en ser destituido por un juicio político’’, indicó el investigador.