Los líderes opositores salieron en defensa de estos ex funcionarios y tildaron de “tirano” a Evo Morales y al Gobierno del presidente Luis Arce, y al MAS de hacer leyes para dar “impunidad” a sus militantes.
“Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor”, escribió el expresidente Carlos Mesa en sus redes sociales.
Y añadió que “los autores del FRAUDE, se amnistían y pretenden ser víctimas”, en referencia a las fallidas elecciones de 2019 que fueron anuladas por denuncias de fraude a favor del entonces presidente Evo Morales, comicios en los que Mesa aspiraba a la Presidencia y quedó en segundo lugar.
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La Alianza Comunidad Ciudadana (CC), el partido de Mesa, denunció en un comunicado que en Bolivia “ha comenzado un proceso brutal y arbitrario de persecución política, basado en la insólita invención de un caso. Un inexistente golpe de Estado supuestamente consumado en 2019".
“Se trata de un atentado contra la libertad, pero sobre todo es una ofensa a los millones de bolivianas y bolivianos que lucharon por la democracia en los heroicos 21 días de resistencia contra el fraude y el prorroguismo inconstitucional de Evo Morales”, señala CC en la nota.
Por su parte, el ex presidente Jorge Quiroga afirmó que en “Bolivia Evo manda y sus fiscales cumplen. Él violó Constitución, desconoció 21F (referendo sobre la reelección en el que ganó el no), hizo fraude y escapó. Ahora otorga impunidad a sus cómplices y desata cacería revanchista ‘de canto’”.
Quiroga añadió en su cuenta de Twitter que el presidente Arce es “un aprendiz de tirano, ser ministro NO es delito ni amerita secuestro”.
Quiroga hacía referencia al decreto que aprobaron el mes pasado los parlamentarios del MAS sobre la “Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos” por el Gobierno transitorio.
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En diciembre de 2020 la ex diputada del MAS Lidia Patty presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ex líder cívico boliviano Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho, y ex comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.
Luis Fernando Camacho, virtual gobernador de Santa Cruz, dio a conocer este viernes una carta dirigida al presidente Luis Arce en la que le pide que “deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia”.
“De mi parte estaré en Santa Cruz, no pienso irme a ningún lado y seguiré firme para trabajar por la gestión que Santa Cruz y Bolivia necesitan” y añadió que enfrentará “el amedrentamiento, el abuso y la persecución”.
En medio de la ola de violencia que se registró en Bolivia tras las elecciones de 2019 que dejaron varios muertos y heridos, Camacho intentó en dos ocasiones entregar una carta al entonces presidente Morales para pedirle la renuncia.
Agentes de la Policía y la Fiscalía permanecen a las afueras de la residencia de Áñez en la ciudad de Trinidad, en el departamento amazónico de Beni, para proceder con la detención.
La misma Áñez reveló en sus redes sociales la orden de aprehensión en su contra y sobre varios de sus exfuncionarios. Además, en la resolución también está el nombre de Luis Fernando Camacho.
“La persecución política ha comenzado”, denunció Áñez junto a un enlace y las capturas de los documentos que dice son del proceso que adelanta la Fiscalía y las ordenes de aprehensión.
Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, ex ministro interino de Energías, y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, extitular transitorio de Justicia, ya fueron arrestados en la ciudad de Trinidad y se espera que en las próximas horas sean traslados a La Paz.
