En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
DETENCIONES ARBITRARIAS, REPRESIÓN... Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
ENTES COMO INSTRUMENTOS DE VIOLACIONES. Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales.
En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones”, indicó.
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición. Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”.
OPOSICIÓN REIVINDICA TRIUNFO. En tanto, la oposición mayoritaria de Venezuela aseguró este martes en la Organización de Estados Americanos (OEA) que su abanderado, Edmundo González Urrutia, “ganó” las elecciones en “todos” los estados del país caribeño, formado por 23 regiones, además de Caracas, lo que consideran un “triunfo irreversible”. “Las evidencias... demuestran que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela”, afirmó Gustavo Silva, miembro del equipo de campaña de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en la presentación ante la OEA, en Washington, de un informe sobre estos comicios.
Silva señaló que ese resultado –contrario al anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó la reelección de Nicolás Maduro– está sustentado en el “83,5 % de las actas” obtenidas gracias al “esfuerzo de miles de ciudadanos” que fueron testigos y miembros de mesa.
