Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informaron que dos empresas compiten por la prestación del seguro médico para unos 3.700 funcionarios de la institución.
Las empresas que compiten son el Consorcio Reyba-Sanatorio Británico, que ofertó por G. 69.000 millones, mientras que la firma Protección Médica SA lo hizo por G. 115.440 millones, siendo el monto referencial del llamado G. 75.480.000.000.
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La primera oferta quedó en G. 480 millones por debajo, mientras que la segunda superó en G. 39.960 millones la oferta.
El contraste es aún más abismal cuando se comparan una oferta y otra, ya que se tiene una diferencia de G. 46.440 millones.
La directora de Recursos Humanos de la institución, Rocío Calmejane, indicó que los documentos presentados pasan ahora a resguardo del Comité de Evaluación para su análisis correspondiente.
Explicó que el proceso de licitación avanza luego de realizar una adenda y la anulación del pago de anticipo, que no correspondía en este caso. La anulación del anticipo de 15% se dio luego de publicaciones del diario Última Hora.
El contrato vigente de seguro médico culminó el 31 de marzo, pero los funcionarios seguirán teniendo cobertura gracias a un convenio de prórroga firmado con la empresa y que rige hasta el próximo 31 de mayo, mientras se concreta la nueva adjudicación.
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Según las especificaciones técnicas, la cobertura sanatorial es para una cantidad mínima de 3.500 funcionarios hasta un máximo de 3.700, por 24 meses de plazo.
Dentro de las licitaciones vigentes, es el MOPC el único que solicita solo el 3%, mínimo establecido por Contrataciones, como garantía de mantenimiento, mientras que Hacienda pide el 5%, para cubrir los perjuicios que pudieran darse si el proveedor no cumple con el contrato.
Debido a llamativos hechos, el llamado soporta ya un proceso de investigación impulsado por la Contraloría General de la República, que solicitó todos los documentos de la licitación al MOPC.
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Desde Contraloría, en tanto, refieren que este hecho “no detiene el proceso de licitación y se podría dar la adjudicación”.
Varios sindicados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se acercaron hasta el diario Última Hora, donde denunciaron las diferentes irregularidades, además del pésimo servicio brindado actualmente.
Entre los principales reclamos se encuentra la centralización de centros asistenciales en la capital, mientras que una gran cantidad de funcionarios no reciben la atención en sus respectivas ciudades.
También expusieron que en pandemia no pudieron usar el servicio y que el seguro cobró sin brindar el servicio a los funcionarios, pero sin ofrecer en contrapartida algún beneficio posterior. Los funcionarios apuntaron también a un direccionamiento de la licitación.
