Se hizo un análisis de lo denunciado tanto por la senadora Yolanda Paredes como del informe de la Procuraduría General de la República, donde se planteaba la comisión de la invasión de inmueble ajeno, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.
En octubre del 2023, se denunció que la Finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, fue ocupada por supuestos invasores vips, entre los que estarían un camarista (Daniel Gómez Rambado) y altos empresarios.
DESCARTAN. “En el caso en particular, las modalidades exigidas por el tipo legal no se habrían dado por parte de los ocupantes de la Finca 916 de Villa Hayes”, cita el escrito.
Continúa diciendo el agente que la ocupación originaria se inició con dos grupos de pobladores hace más de 20 años. “Con el paso del tiempo, algunos de estos ocupantes fueron cediendo la posesión a otras familias a través de contratos o actos bilaterales”, expuso el fiscal.
Confirmó que varias familias fueron instalándose en otras partes del terreno de la misma finca, hasta el 2016 aproximadamente, según documentos de ocupación que tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
De acuerdo a los allanamientos, informes de la Cámara de Senadores y Diputados, el Poder Judicial, la Municipalidad de Villa Hayes, el Ministerio de Defensa y otras entidades más, la Fiscalía entendió que “la intención de desafectar la finca a favor del Indert fue ratificada y precisada mediante el Decreto 4113/2020”.
Si bien hay dos decretos del 2023 que rechazaron la ley que buscaba desafectar al Ministerio de Defensa de una parte de la Finca 916, dijo el fiscal que es pertinente notar que la conducta debe ser juzgada según la ley que estaba vigente en esa época.
“A pesar de que las ocupaciones podrían considerarse irregulares, al análisis, estas no se habrían producido bajo violencia o clandestinidad... tampoco se daría el dolo respectivo, ya que muchos de los ocupantes habrían estado en el convencimiento de que serían beneficiarios de los decretos”, cita el fiscal.
Concluyó en que sí existe una irregularidad en la tenencia de la tierra, “dado que hasta la actualidad esa porción de terreno pertenece al Estado –Ministerio de Defensa–. Sin embargo, estas ocupaciones no se dieron con el dolo, por tanto, se descarta el hecho punible de invasión de inmueble ajeno”.
