23 jul. 2024

“Nunca se actuó sin la autorización de las autoridades”, señalan fabricantes de salsa picante en Emboscada

La marca de salsa picante llamada Prisioneros del Sabor, que se fabrica en el penal de Emboscada, rechaza que el proyecto y su funcionamiento estén de alguna manera solventados y relacionados con dinero proveniente de actividades ilícitas. Además, sostiene que el Gobierno anterior y el actual dieron las autorizaciones.

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La marca de salsa picante llamada Prisioneros del Sabor rechaza supuesto financiamiento ilícito.

Foto: Gentileza

Desde la marca llamada Prisioneros del Sabor, que se fabrica en el penal de Emboscada, emitieron un comunicado negando y rechazando las acusaciones presentadas por el Ministerio de Justicia, en el marco de una denuncia penal y supuestas vinculaciones con Luis Cebriano como financista, quien se encuentra imputado en el marco del Operativo A Ultranza.

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En el comunicado mencionan que el proyecto para la elaboración de la salsa picante de la marca Prisioneros del Sabor nació como una idea de varias personas privadas de libertad en la Penitenciaría de Emboscada Antigua, quienes anhelaban tener una actividad que les pudiera, de alguna manera, devolver un poco de dignidad y normalidad a sus vidas.

“Demás está decir que la iniciativa contó con la ayuda, apoyo de familiares y amigos”, revelaron en el comunicado.

Asimismo, señalan que el referido proyecto, desde un inicio, fue compartido y puesto a consideración de la Dirección del Penal de Embocada Antigua y Dirección de Reinserción del Ministerio de Justicia, tanto del Gobierno anterior como el actual, “quienes prestaron en todo momento su consentimiento, acuerdo y respectiva autorización durante el proceso de ejecución del mismo, hasta su culminación”.

En ese sentido, aclaran que la planificación del proyecto se ajustó celosamente a todos los requerimientos exigidos por la autoridad administrativa, con el debido y constante control de ésta última.

“Nunca se actuó sin la toma de conocimiento y debida autorización de las autoridades”, argumentan.

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“Es así que después de mucho esfuerzo, sacrificios y habiendo dado cumplimiento estricto a todas las exigencias legales, pudimos finalmente ofrecer nuestro producto al público, teniendo una acogida aceptación que a la fecha sorprende y alegra. Por ello, les estaremos eternamente agradecidos, ya que nos demostraron que a pesar de las difíciles circunstancias que puede atravesar una persona, se puede salir adelante”, remarcan.

Entre tanto, niegan y rechazan categóricamente que el proyecto de elaboración del producto y su funcionamiento esté de alguna manera solventado y relacionado con dinero y/o recursos provenientes de actividades ilícitas.

Finalmente, informan que se ponen a disposición del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público con el fin de ayudar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos hoy en día publicados en la prensa.

Denuncia penal

El Ministerio de Justicia denunció ante la Fiscalía que la fábrica de condimentos montada en el penal de Emboscada es utilizada supuestamente para lavar dinero.

El emprendimiento fue promocionado por el Gobierno actual como un ejemplo para la reinserción social.

Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, confirmó que se realizó una denuncia penal al Ministerio Público por supuesto lavado de dinero que salpica a la fábrica de picantes montada dentro del penal de Emboscada.

Benítez, en comunicación con radio Monumental 1080, trasladó la responsabilidad a la administración del gobierno de Mario Abdo Benítez, afirmando que el emprendimiento ya fue montado en años anteriores.

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El funcionario reveló que en el mes de setiembre, poco después de asumir el ministro Ángel Barchini, se habrían detectado supuestas irregularidades en el montaje de la fábrica, pero la habrían dejado funcionar “para no levantar sospechas”, aunque remitieron un informe a la Fiscalía.

Para montar la planta procesadora en la Penitenciaría Regional de Emboscada se invirtió una gran cantidad de dinero, cuyo monto no fue precisado por Benítez, para adquirir modernos equipos para fabricar y envasar el producto.

Según había anunciado la cartera de Estado, la fábrica terminó de ser montada en agosto de 2023 y se presentó como impulsor a Marcelo Lee, un ciudadano coreano nacionalizado paraguayo que está procesado por tenencia y comercialización de estupefacientes.

Sin embargo, la planta habría sido financiada por personas investigadas en el marco del operativo A Ultranza, entre ellos, Luis Fernando Sebriano González, uno de los imputados en esta causa que investiga una red dedicada al lavado de dinero que estaría liderada por el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia; y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, que se encuentra detenido.

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