El Gobierno de Mario Abdo Benítez, a través del Ministerio de Hacienda, confirmó que saldrá al mercado internacional en los primeros días de febrero en busca de captar fondos por USD 500 millones a través de la emisión de bonos soberanos, es decir, a través de nueva deuda. Esta operación será la primera de la administración Marito, tras la autorización dada por el Congreso en diciembre pasado mediante el Presupuesto General de la Nación (PGN).
En sus discursos preelectorales, el presidente había sido bastante crítico con su antecesor debido al acelerado crecimiento de la deuda pública y su nulo impacto en áreas claves como salud y educación. Sin embargo, en el primer acto económico importante de su gobierno tras la promulgación del PGN, volverá a endeudar al país por USD 500 millones vía bonos.
Y no, tampoco destinará estos recursos a salud ni educación. De acuerdo con su plan de asignación, el 50% de estos fondos serán destinados al MOPC y al Ministerio de la Vivienda para obras de infraestructura y al Fisco para aportes de capital a organismos internacionales, mientras que el restante 50% irá a la amortización de la deuda pública, lo que comúnmente conocemos como bicicleteo.
Si bien es cierto que el Presupuesto público vigente fue elaborado en un gran porcentaje por la administración anterior, se vuelve primordial que la repartición del dinero captado sea reestudiado, porque solo con inversiones que generen retorno puede sostenerse el endeudamiento. Pero no solo eso, también la obtención del dinero debe ser reanalizada.
La toma de deuda es solamente el camino fácil. Significa financiarse mediante el pasivo, pero no atacar los problemas en la recaudación y en los gastos.
En cuanto a la recaudación, el Gobierno ha decidido crear la Comisión Técnica Económica Tributaria para debatir acerca de una reforma impositiva, una medida que ya no puede esperar. No obstante, es una evidencia que si no se mejora la Administración Tributaria para reducir la creciente evasión de impuestos, nada de lo que se pueda reformar servirá.
Tampoco servirá si seguimos destinando todos los años enormes sumas de dinero a lo que se conoce como la grasa estatal: salarios de funcionarios improductivos, contratación de seguros vips, viáticos y millonarios acuerdos en asesorías o consultorías sin mucho sentido.
Otra realidad es el crecimiento de la deuda. El Gobierno debió haber tomado nota de las masivas críticas hechas por analistas y organismos al respecto. Es que tampoco es saludable que la deuda pública se haya duplicado del 2013 a la fecha, no solo porque no vemos impactos en la mejora de las condiciones de vida, sino porque el crecimiento de los ingresos fiscales que financia el pago de los compromisos no acompaña esta situación, más aún, cuando la alerta general es que se avecina una coyuntura difícil.
El momento actual dicta que el Paraguay necesita crecer. Necesita aumentar su infraestructura, su acceso a servicios básicos, su salud, su educación, pero nada de esto puede ser posible solamente con la toma de nueva deuda.
El Gobierno, a la par de conseguir el financiamiento, debe tener mejores gestores, mejores ejecutores y mejores contralores. De lo contrario, seguiremos endeudándonos, pero también seguiremos siendo uno de los países más desiguales de la región.
