Paraguay es miembro fundador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT antes GAFISUD) una organización intergubernamental derivada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para la región. Los países miembros de esta organización se someten a un proceso de evaluación periódica de pares o evaluación mutua con el que se busca determinar el grado de adopción y eficacia de las 40 Recomendaciones estipuladas como estándares internacionales del GAFI.
El objetivo de la evaluación es determinar en qué medida el sistema nacional de combate antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFPADM) cumple formalmente con el estándar internacional (cumplimiento técnico), y si es eficaz. Consecuentemente, también se intenta precisar si las instituciones financieras del país evaluado desarrollan una gestión preventiva sólida y ajustada a las buenas prácticas internacionales.
En la búsqueda de promover y supervisar la observancia por parte de las entidades financieras con sus obligaciones en la prevención de lavado de activos, se encuentra el Banco Central del Paraguay (BCP), institución que trabaja conjuntamente con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes SEPRELAD y otros organismos supervisores del sector público. El rol de apoyo del BCP al sistema nacional ALA/CFT/CFPADM ha sido reconocido local e internacionalmente.
Así lo destaca Fernando Filártiga, miembro titular del Directorio del BCP, quién sostuvo que el resultado de Paraguay en la cuarta ronda de evaluación mutua que se desarrolló entre 2019 y 2022, comprendiendo un lapso de análisis más extenso, revela que para GAFILAT, Paraguay ha tenido un resultado positivo en adherencia formal al estándar GAFI, situándose entre los países líderes de la región en el cumplimiento técnico de las normas internacionales.
“En la otra faz evaluada (efectividad), el resultado destacó avances, así como varios desafíos que aún persisten, sobre todo en el plano represivo, pero en general satisfizo los criterios establecidos para pasar la prueba sin que nuestro país ingrese al esquema de listas”, aclaró Filártiga.
Cumplimiento. Explicó que las entidades financieras son sujetos obligados de la Ley 1015/97, con responsabilidades detalladas en esta norma y en reglamentos específicos dictados por SEPRELAD (ej: Resolución 70/2019), cuyo cumplimiento es supervisado por el Banco Central del Paraguay a través de sus superintendencias.
“Las instituciones financieras están especialmente obligadas a conocer a sus clientes, adoptar medidas de debida diligencia para identificar sus riegos, contar con procedimientos y sistemas de identificación y gestión de tales riesgos, así como con medidas de transparencia, llevar registros, gestionar alertas y reportar operaciones sospechosas a la (SEPRELAD), en caso de que las detecten”, explica el miembro titular del BCP.
Sostuvo que la evaluación de riegos de lavado de activos y flagelos conexos se realiza en varios niveles: nacional, sectorial y específico donde cada institución financiera debe determinar los riesgos a los que está expuesta autoevaluándose sobre la base de las evaluaciones conducidas a nivel nacional y sectorial.
“Una vez identificados los riesgos, la entidad debe mitigarlos adecuadamente, es decir, cada entidad debe conocer a sus clientes, los productos, sectores, zonas geográficas y otras circunstancias en las que desarrolla sus negocios para garantizar una gestión preventiva eficaz del riesgo de integridad”, subrayó.
Trabajo conjunto. Al ser consultado sobre el papel que desempeñan el BCP y la SEPRELAD en la supervisión y control de las actividades financieras sostuvo que existe una dinámica de coordinación fortalecida en los últimos años.
SEPRELAD es la unidad de inteligencia financiera del país y a la que corresponde la reglamentación de obligaciones emergentes de la legislación antilavado para el sector, y la recepción y proceso de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) generados por las instituciones financieras. El BCP ejerce por su parte la supervisión y el poder sancionatorio.
Filártiga sostuvo finalmente que para garantizar un trabajo coordinado sin perjuicio del rol particular de cada institución, se ha conformado un Comité Nacional con todos los actores del sistema, y un Comité de Supervisión donde el BCP interactúa periódicamente con SEPRELAD y otros organismos supervisores del sector público.
En cuanto a las mejores prácticas internacionales en la prevención de lavado de activos y cómo se aplican en el contexto paraguayo, Filártiga fue claro al afirmar que ningún país puede afrontar flagelos sin fronteras, solo o aislado. Esto ha sido comprendido por los países industrializados que fundaron GAFI en 1989 y por países emergentes como Paraguay que han replicado el modelo con órganos regionales como GAFILAT.
“Este proceso de implementación ha robustecido sin dudas la capacidad preventiva de nuestro sistema financiero y la percepción internacional de Paraguay como país comprometido con la integridad financiera. De allí el buen resultado obtenido en la evaluación mutua”, culminó Filártiga.
