Los notarios pidieron reunirse con el presidente de la República, Santiago Peña, ya que hasta este martes se pueden plantear modificaciones al proyecto y el próximo 29 de octubre sería aprobado sobre tablas, informó NPY.
Asimismo, indicaron que hay unos 180 artículos del proyecto objetados y que de tratarse de una buena ley, no tendría objeciones.
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De igual manera, cuestionaron que haya tantas objeciones y sectores en contra y de igual manera se insista en aprobar. “Quiérase o no, ambas instituciones son un desastre”, remarcaron.
Entre tanto, explicaron que la tendencia internacional es que estas dos instituciones, que tienen funciones diferentes, dependan de un ministerio, pero trabajen independientes, porque el Poder Judicial tiene que administrar Justicia, no temas administrativos como controlar el catastro.
“Flor de mentira, me hago responsable de lo que digo, cómo te parece que van a lograr que no superpongan los títulos sino tenemos una redgeodésica nacional. Eso es lo que teníamos que hacer, una ley que le obligue al Gobierno a poner los puntos de control terrestre, hacer una ley de catastro y una delimitación de todos los departamentos y municipios”, expresó una de las manifestantes.
🚨 Notarios públicos se manifiestan y exigen rechazo a proyecto del Registro Unificado Nacional
— NPY Oficial (@npyoficial) October 21, 2024
♦️ Solicitan debatir punto por punto la iniciativa con el presidente de la República.
♦️ "Quiérase o no, ambas instituciones son un desastre. Los funcionarios de ambas instituciones… pic.twitter.com/NpfDCyJFDW
El proyecto plantea la fusión de varios entes y se deja a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la potestad de determinar valores fiscales para el impuesto inmobiliario. Por su parte, se cuestiona que la Corte Suprema de Justicia haga de juez y parte en la cuestión de los títulos.
El proyecto que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) para el catastro de tierras será abordado, próximamente, en la Cámara de Senadores.
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Con esta propuesta se pretende fusionar tres instituciones: Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG).
De esta forma, el RUN sería como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto es cuestionado por varios sectores como el de los escribanos, especialistas en temas catastrales, agrimensores, topógrafos y también por los campesinos.
En tanto, desde el sector productivo hasta el momento no hay cuestionamientos, ya que consideran que se podría poner fin al problema de la titulación de inmuebles.
Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, Ana Mendoza de Acha comentó que plantearon 180 modificaciones de los 203 artículos y reclama que no se haya instalado una mesa técnica para hablar del tema.
Desde la Federación Nacional Campesina (FNC), Marcial Gómez, manifestó que en ninguno de los artículos se aborda una solución a la problemática de la tierra, especialmente en lo que respecta a su distribución.
“Más bien, el enfoque se concentra en el Poder Judicial, que asume competencias en el catastro, una cuestión técnica, y el registro de la propiedad. Así, el Poder Judicial actuaría como juez y parte ante cualquier eventualidad o conflicto que surja”, protestó.
Para Marcial Gómez, se van a legalizar las tierras malhabidas que actualmente están en manos de personas que no son sujetas de la reforma agraria.
“Además, otros se van a apropiar de las tierras, tanto de las tierras públicas que están bajo control del Indert, como de algunas comunidades que no han sido regularizadas. Existen muchas tierras en manos de pequeños productores que no están siendo legalizadas”, aseveró el dirigente.
