Una situación compleja y dolorosa que tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad han comenzado a normalizar y ver con indiferencia es el caso de los indígenas que llegan con sus reclamos a la capital. Al no recibir respuestas, terminan deambulando por las calles. Lamentablemente, estas penosas imágenes ya forman parte del paisaje, al igual que las protestas que realizan los indígenas cuando cierran avenidas. En lugar de encontrar soluciones de parte de las autoridades, solo reciben indignación y repudio de la población.
Lamentablemente, el proceso de llevar a la realidad lo que estaba impreso en un documento no ha sido siempre factible, y en este caso en particular se debe decir que el Estado paraguayo y sus instituciones han fracasado estrepitosamente.
Desde hace décadas, las ciudades han visto llegar a miembros de comunidades indígenas buscando soluciones a sus reclamos; por lo general, centrados en reclamos por tierras y asistencia. Al no hallar las soluciones, han comenzado a quedarse, lo que implica malvivir sobreviviendo en las calles de las grandes ciudades. Esta vida en la miseria y en medio de tantos peligros, definitivamente, nada tiene que ver con aquellos elevados derechos consagrados en la Constitución.
Ya es común y totalmente normalizado verlos deambular por las calles, bajo el candente sol, sin protección y en medio de la inseguridad. Esta es una imagen desgarradora de seres humanos olvidados, pero aún más inquietante es que estos mismos seres humanos ya no conmueven a una sociedad que ha ido normalizando su presencia y que los percibe solo como una molestia. Acostumbran a llegar en grupos hasta la capital, con reivindicaciones al ser desplazados de sus territorios invadidos por productores poderosos; se concentran frente al local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), donde solicitan ayuda para que nos les echen de sus tierras ancestrales y que también les apoyen en sus proyectos de subsistencia y el desarrollo de su comunidad. Suelen reivindicar provisión de semillas, electricidad, agua potable, herramientas, entre otras cosas. Cuando no reciben respuestas y finalmente quedan varados en la calle, comienzan con sus medidas de protesta y la más usual es el cierre intermitente de la avenida Artigas, frente al local del Indi. Cuando esto sucede, los indígenas vuelven a ser noticia, y la ciudadanía los visualiza. Pero esto también es cíclico, pues cuando los reclamos son resueltos, el grupo regresa a la comunidad, pero pronto llega otro grupo y se reinicia el ciclo desde el principio. Tristemente, sin embargo, no todos regresan a la vida en sus comunidades, y lo más preocupante es que quienes se quedan acaban siendo explotados, particularmente cuando son niños y niñas, quienes no solamente son condenados a una vida de desarraigo, sino también a una que supone el peligro de las drogas y todo tipo de abusos, marginalidad, mendicidad, prostitución, el desamparo, la violencia y, sobre todo, el rechazo social.
Resulta absolutamente inaceptable que las instituciones del Estado, todas las que están involucradas en el tema y deberían plantear las soluciones, permitan que los indígenas sigan sobreviviendo en condiciones inhumanas.
El Estado paraguayo tiene la obligación de atender los reclamos de los pueblos originarios y no solamente aplazar su tratamiento. Somos un país pluricultural; por lo tanto, toda la población tiene derecho a vivir con dignidad.
