30 abr. 2024

No se pueden defender derechos poniendo en riesgo a los demás

Una nota de supuestos representantes de sindicatos de Itaipú, dirigida al director de la binacional ante la disposición presidencial de recortar temporalmente los salarios, planteó la grave amenaza de paralizar la hidroeléctrica si se afectan los contratos colectivos. Aunque luego –ante la posibilidad de ser imputados– algunos negaron haber firmado, el debate establece una delicada situación. Los gremios tienen todo el derecho de defender sus conquistas laborales, pero la manera de hacerlo no puede poner en riesgo la vida y la seguridad de la población. No se debe permitir el chantaje y la amenaza, principalmente en una emergencia global que requiere medidas especiales para preservar la salud pública.

La disposición del Poder Ejecutivo de recortar temporalmente algunos altos salarios y sobresueldos de autoridades y funcionarios estatales, incluyendo a las binacionales, ha generado una positiva reacción en la ciudadanía, aunque se exige que la medida no sea solamente durante la emergencia del coronavirus, sino que apunte a una reforma estructural y más equitativa del Estado.

Sin embargo, una de las reacciones que generó preocupación e indignación en la tarde del lunes fue la reproducción, a través de los medios de comunicación y las redes sociales en internet, de una nota con las siglas y los logotipos de nueve sindicatos de Itaipú, pero que lleva la firma de los supuestos directivos de solamente cinco de ellos (Steibi, Sicae, Sise, Siconap/s y SindItaipú), dirigida al director general paraguayo de la entidad binacional, Ernst Bergen, en donde se expresa la inquietud por los anuncios de recortes de salarios y, como punto más grave, enfatizan que no permitirán la violación de los contratos colectivos de trabajo, “recurriendo a todas las medidas legales que nos asisten, y, de ser necesario, paralizar la hidroeléctrica”.

Fue esta mención específica la que generó alarma y desazón en la ciudadanía, ya que, como se sabe, la represa hidroeléctrica de Itaipú abastece del servicio de energía eléctrica a la mayor parte de la red nacional, además de la que se provee al Brasil. Enfrentar un eventual corte del servicio de electricidad, en un momento crucial de medidas de cuarentena domiciliaria que se imponen a toda la población y de operativos sanitarios para intentar contener la pandemia del Covid-19, puede resultar en una situación realmente catastrófica.

En la misma noche del martes, la fiscala general del Estado dispuso que un equipo investigue la amenaza, designando a los agentes fiscales Silvia Cabrera y Santiago González Bibolini, quienes anunciaron que el hecho puede configurarse como perturbación de los servicios públicos y otros hechos punibles.

Tras la crítica generalizada de la ciudadanía y la posibilidad de una imputación, representantes de algunos sindicatos ofrecieron versiones dispares acerca del contenido de la nota. Directivos del Sindicato de Ingenieros de Centrales Hidroeléctricas del Alto Paraná (Sichap) refirieron que no participaron de la reunión en que se decidió el contenido (el logo del gremio se incluye, pero sin firma alguna) y opinaron que la amenaza es un despropósito.

Por su parte, directivos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipú Binacional (Steibi), que sí aparecen firmando la nota, se pronunciaron alegando que la misma es falsa y que no están de acuerdo con la amenaza expresada en ella.

Más allá de lo que llegue a determinar la investigación fiscal, el fuerte debate generado en torno a la nota de los sindicatos establece una delicada situación. Los gremios tienen todo el derecho de defender sus conquistas laborales, pero la manera de hacerlo no puede poner en riesgo la vida y la seguridad de la población.

No se debe permitir el chantaje y la amenaza, principalmente en una emergencia global como la actual, que requiere de medidas especiales para preservar la salud pública.

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