Laura (nombre ficticio), una docente oriunda del Departamento Central, busca una luz de esperanza, ya que se encuentra con embargos de casi G. 3.500.000 mensuales desde hace casi tres años, luego de adquirir un crédito de G. 5 millones. Ahora saltan nuevas demandas de desconocidos y lamenta que no pudo ayudar a su mamá en momentos complicados de salud.
En el 2024 fue contactada por la empresa Global Enterprises Paraguay SA, que le ofreció un crédito por embargo sin mirar Informconf. Dicha firma aparece en la lista de empresas de cobranza de la mafia, hecha por el Senado.
“Ahí empezó mi calvario”, contó la docente. Ella firmó cinco pagarés y cada uno otra vez tiene cuatro boletas que se le descuenta en cuotas.
Es decir, que un pagaré termina de pagar recién tras cuatro cuotas de G. 1.680.000.
Lo grave, es que le descuentan dos cuotas de ese monto de manera mensual.
En total, terminará de pagar cerca de G. 35 millones, pero aparte le saltaron más descuentos. “Tengo doble turno y este mes cobré G. 1.390.000. Y en mi extracto ahora me aparecen nuevos embargos y no se de dónde salieron”, dijo.
Ya antes le había entrado un embargo por G. 23 millones de alguien llamado De lo Ángeles Ortiz, pero la profesora no le conoce.
En diciembre del 2025 saltó otro embargo de Gabriel Alejandro Lanzos y tiene otro de Víctor Andrés Careaga y de ninguno de ellos tiene conocimiento, dice la docente.
Ahora tiene que rebuscarse para cobrar más. Se dedica a las clases particulares y limpia viviendas de sus conocidos.
PROBLEMAS DE SALUD. “Por la misericordia de Dios vivo”, contó la profesora.
El año pasado le salió que tenía miomas, pero casi no podía faltar a su lugar de trabajo. “No tenía para pagarle a un reemplazante”, lamentó.
Tuvo que ser operada de urgencia, a inicios del año pasado y faltando dos días para que termine su reposo, a su mamá le agarró lo que parecía ser una bronquitis.
“Tras estudios, el doctor nos dijo que tenía cáncer de cuello uterino, maligno”, recordó.
“Mamá hizo todo su tratamiento sin yo poder dar nada de dinero. Mis familiares hicieron lo que pudieron”, contó entre lágrimas.
Finalmente, la madre sanó, pero debe seguir su recuperación definitiva. “Ahora tengo que cuidar de su salud, su alimentación y yo sigo sin poder ayudarle. Eso duele”, dijo la profesora.
“Que me saquen lo que yo debo, no hay problema, pero de G. 5 millones entraron ya casi G. 35 millones”, explicó.
Decretan sobreseimiento provisional de tres procesados
A pedido de la Fiscalía Adjunta, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó el sobreseimiento provisional de tres representantes de las empresas SERFIN SA y PRESTO SA, en el marco de causas vinculadas a la denominada mafia de los pagarés, relacionadas con funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
En principio, el magistrado le dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo de la fiscala Karina Caballero, por lo que el expediente fue remitido luego a la Fiscalía General del Estado.
Ahí, la fiscala adjunta Lourdes Samaniego rectificó el requerimiento y pidió el sobreseimiento provisional de los procesados Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, Gustavo Omar Cartes Araújo y María Belén Cartes Berin, todos procesados por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.
La fiscala adjunta señaló que existían varias diligencias pendientes, entre ellas, la declaración de la mayoría de las víctimas de los descuentos que les realizaban a través de los juicios ejecutivos por deudas ya saldadas.
Con ello, en la audiencia preliminar, el magistrado no tuvo otra opción que admitir el pedido de sobreseimiento provisional y levantar todas las medidas cautelares para los tres procesados.
De esta manera, ahora, la Fiscalía tiene un año para reabrir la causa, y realizar las diligencias pendientes, con lo que sabrá si con estas pruebas puede o no pedir el juicio oral para los encausados.
En el caso, entre otros, también están procesados el ex juez de Paz de Recoleta Víctor Nilo Rodríguez, así como actuarios y ujieres. En su pedido inicial, la fiscala Karina Caballero había señalado que los créditos otorgados a los socios de la Aso del SNPP sí eran reales, que los pagarés son auténticos, aunque reconoce que cambiaron las fechas.
La agente había concluido que las empresas no tendrían responsabilidad, sino solo la Asociación, ya que, pese a que se descontaron las cuotas, los pagos no fueron transferidos a las casas de crédito, por lo que pidió el sobreseimiento definitivo de los tres representantes.
