Ruth Benítez Díaz
@ruthbenitezdiaz
Tras publicarse una investigación internacional que revela, mediante el acceso a documentos, que el Ministerio Público evitó investigar al cabecilla de la organización ligada al asesinato del periodista Leo Veras en Pedro Juan Caballero, el abogado y defensor de derechos humanos, Dante Leguizamón, miembro de Codehupy, señala que en Paraguay nunca se llega a los autores, no solo intelectuales, sino, incluso, materiales. Como hijo de Santiago Leguizamón, asesinado por el narcotráfico en 1991, apunta que la impunidad es la regla en los casos de atentados contra periodistas porque no hay voluntad política de la Fiscalía. Una muestra es la precariedad de la Unidad de Derechos Humanos, que no tiene recursos ni capacidad. Menciona que esta institución tiene los niveles más altos de casos impunes, y que no recibe presupuesto para avanzar en castigar hechos punibles contra la libertad de expresión y asesinatos a periodistas, que ya alcanzaron 22 en total. Recuerda que el único hecho que tuvo condena fue el de Pablo Medina porque hubo presión mediática. Destaca que los golpes al narcotráfico, contrabando y lavado de dinero son mínimos y tímidos para no afectar las estructuras. Igualmente, se evidencia la influencia del crimen organizado en la Justicia, y el manejo político y criminal del sistema para asegurar la impunidad de los amigos vinculados al poder. Dante sostiene que no hay real intención de protección ni a periodistas y, menos aún, a personas defensoras porque las instituciones están cooptadas, por el Partido Colorado, y específicamente por un movimiento, que tiene nexos con el crimen y, además con grupos de antiderechos. Leguizamón subraya que si la prensa y la sociedad civil dejan de dar visibilidad, la mafia tendrá el camino libre para sus negocios en total impunidad.
–Forbidden Stories junto con una alianza de medios tuvo acceso a documentos que revelan cómo la Fiscalía no investigó adecuadamente al líder de la organización de narcotráfico sospechosa del asesinato de Leo Veras, aunque hubo insistentes pedidos de colaboración desde Brasil. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este hecho como defensor de derechos humanos y afectado directo del crimen organizado?
–Es un informe más que viene a demostrar la infiltración del crimen organizado en las instituciones en Paraguay. La no investigación y el poco interés para investigar los asesinatos de periodistas es la constante. Desde la Codehupy estamos cerrando un informe y concluimos que hay 22 periodistas asesinados. La mayoría de los casos están en total impunidad. El Ministerio Público ha demostrado su ineficiencia a la hora de investigar sobre todo a los autores intelectuales, y de igual manera a los autores materiales. Prácticamente el único caso con una sanción efectiva hacia un autor intelectual es el de Pablo Medina y Antonia Almada. En todos los otros, la impunidad del autor intelectual es completa y en poquísimos casos fue condenado el autor material, el sicario.
–¿No hay ningún avance?
–El Ministerio Público ha hecho algunos tímidos avances. Hace unos años dictaron una resolución con algunas instrucciones para la investigación de asesinatos y amenazas de periodistas, pero le otorgan esa facultad a la Unidad de Derechos Humanos, que es la que tiene el más alto índice de casos impunes. La mayoría de los casos están en impunidad, también los casos de tortura, los de lesa humanidad. Esta unidad especializada tiene supuestamente tres fiscales a cargo, o sea, como tres unidades internas, y en realidad hay una fiscala y ahora acaban de nombrar otra. No tienen movilidad o tienen solo una camioneta para las tres, no tienen capacidades técnicas. Entonces, no existe voluntad política real del Ministerio Público para investigar, porque si hubiera voluntad para investigar los hechos punibles contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión, asesinato de periodistas o amenazas a periodistas, tendrían que dotarle de presupuesto a la unidad, como se da, por ejemplo, con la Unidad de Antisecuestro, que tiene posibilidad de acceder al helicóptero y otras herramientas que otras unidades del Ministerio Público no tienen. Entonces, el informe viene a confirmar lo que ya sabemos y lo que el Estado no hace por mejorar. Hay suficiente diagnóstico y situaciones que confirman esto y sobre todo la poquísima intención del Estado de abordar efectivamente estas problemáticas.
–¿Luego del asesinato de Santiago Leguizamón, qué cambió, ya que los hechos indican que el crimen organizado ingresó aún más al Estado?
–El crimen organizado claramente avanzó, se infiltró aún más, siempre estuvo infiltrado en las instituciones públicas, pero aún más, porque anteriormente el crimen organizado de alguna manera lograba apoyos políticos. Hoy hay personas vinculadas con el crimen organizado que son nuestros representantes tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. Si bien en la lucha contra el crimen organizado se han dado algunos golpes de investigaciones o caídas importantes, con relación al sistema, siguen siendo golpes y acciones sumamente tímidas y mínimas ante un sistema enorme y muy fortalecido del crimen organizado en nuestro país, y con relación no solo al narcotráfico o al contrabando, sino también al lavado de dinero. Inclusive algunas de las investigaciones que se han realizado no han obtenido las condenas o no han quebrado las líneas o grupos mafiosos que están en nuestro país. El crimen organizado ha avanzado incluso en lugares de gobernanza de las instituciones públicas.
–¿Se puede mencionar algún logro positivo?
–Lo único que podríamos decir es que a diferencia de los 90’, se tiene la posibilidad de registrar muchísimo mejor las agresiones a periodistas o asesinatos, pero tampoco el cambio, por ejemplo, del Código Procesal Penal, logró que el Ministerio Público avance efectivamente en las investigaciones; con la excepción del caso de Pablo Medina y Antonia Almada, de 22 casos de periodistas asesinados, en solo uno se ha logrado una condena a un autor material, claramente estamos ante una situación de impunidad casi total en los casos de periodistas asesinados.
–Los asesinatos de periodistas tienen un factor común, que es la impunidad. ¿Por qué sucede?
–Porque no hay una voluntad política real del Ministerio Público y del Estado paraguayo. Si vos te das cuenta, en el único caso donde se logró una condena a un periodista, fue el del diario ABC Color, donde hubo una presión mediática importantísima. La unidad que investigó el asesinato de Pablo Medina fue Antisecuestro, ¿por qué? porque en Paraguay, la Unidad de Antisecuestro es la que posee mejor infraestructura, mejor presupuesto y mejores habilidades técnicas. No así la de Derechos Humanos y las otras. Así que claramente mientras no exista esa voluntad política y esa decisión política de fortalecer las unidades de investigación, por ejemplo, de hechos punibles contra los derechos humanos o fortalecer no solo en presupuesto sino en capacidades técnicas, para casos más complejos como son los asesinatos a periodistas y los ataques a la libertad de expresión, evidentemente no vamos a poder avanzar en contra de la impunidad.
–¿El crimen organizado está generando un deterioro del Estado? ¿Podría la situación avanzar en gravedad?
–Por supuesto, la influencia del crimen organizado no solo deteriora las instituciones del Estado, sino deteriora a la democracia misma, y que el crimen organizado hoy forme parte de las instituciones en el Estado, que se haya infiltrado de esta manera, degrada cada vez más la calidad de las instituciones, degrada la democracia y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos como la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
–El caso Lalo Gomes reveló un nivel muy alto de corrupción en el sistema de Justicia. ¿Cuál es tu análisis sobre sus implicancias?
–El caso Lalo nos viene a confirmar lo que veníamos sospechando o, como se dice, las situaciones que son secreto a voces, que efectivamente el crimen organizado, primero, tiene representantes dentro de las instituciones del Estado, y segundo, que mueve todas sus influencias, todo su poder para asegurar la impunidad. La revelación con relación al asesinato de Leo Veras, haber llevado a través de la influencia de Lalo Gomes el caso desde Asunción a Pedro Juan Caballero, haberle sacado a un fiscal con el que era difícil de negociar una situación, porque eso fueron exactamente los chats que se filtraron con relación al caso de Leo Veras, y específicamente Lalo Gomes y las juezas intervinientes en el caso, demuestra claramente el nivel de filtración, la influencia del narcotráfico en la justicia y el manejo político y criminal que tiene la justicia en nuestro país para asegurar la impunidad de los amigos vinculados al narcotráfico.
–¿Cómo afecta que los políticos y el partido de gobierno tengan a personas ligadas al crimen organizado en sus filas?
–Degrada no solo las instituciones públicas, sino la democracia y degrada la posibilidad de avanzar en una agenda de derechos humanos, avanzar en la consolidación de un Estado social de derecho. Si uno mira con más detalle, hoy, tanto la institución que arma ternas para la elección de magistrados como la institución que enjuicia magistrados, están cooptadas no solo por el Partido Colorado, sino por un movimiento del Partido Colorado, y que es el movimiento que está más ligado tanto al crimen organizado como también a los grupos antiderechos, entonces la situación es bastante compleja.
–¿Qué debe hacer la sociedad? ¿Hay esperanzas de cambio?
–Hay iniciativas desde la sociedad civil. La ley de protección de periodistas y personas defensoras que estamos impulsando creemos que puede ser una herramienta que nos ayude a visibilizar la situación y a poder desarrollar efectivas medidas de protección. La situación es sumamente compleja por el ámbito político hoy, por las mayorías que se dan políticamente, y porque no hay efectiva intención de protección ni a periodistas ni mucho menos a personas defensoras, ¿qué otra cosa podemos hacer? seguir monitoreando, seguir visibilizando esas situaciones, esos lazos de corrupción, esos vínculos de la política con el narcotráfico que claramente inciden, e impulsar los procesos dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial. También nos queda la posibilidad de organizarnos y de instalar una agenda de derechos humanos. Nos queda muchísimo y son tareas muy duras, pero es necesario que sigamos. Si la sociedad civil y la prensa dejan de mostrar o visibilizar estas situaciones, le estamos dejando el camino libre para avanzar en estos negocios y en la impunidad.
