La ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez, evaluó que “para que el protocolo sea efectivo, se debería aplicar la matriz de evaluación de riesgos para determinar si la tobillera es la medida más pertinente, no solo para descomprimir el sistema penitenciario, sino para proteger a las víctimas de violencia familiar”.
En lo que parece ser una dura crítica, explicó que si la víctima siente que solo la están exponiendo a más temor, incertidumbre y riesgo real, entonces, en realidad “no se cumple la finalidad de la ley”.
En la Ley 7239, donde se declaró en abril del 2024 la emergencia social ante la violencia contra mujeres, niños y adolescentes, cita en su artículo 9 que se debía hacer un estudio para determinar medidas, a fin de establecer un sistema de evaluación de riesgos de la víctima.
El objetivo es –dice la ley– “salvaguardar la integridad de personas víctimas de violencia, como herramienta que permita predecir el nivel de urgencia y peligrosidad a la que se encuentra expuesta, así como decisiones urgentes respecto de casos de alto o altísimo riesgo y la generación de sistemas de monitoreo”.
Sin embargo, la víctima de este hecho no estuvo de acuerdo con la medida impuesta, de que su ex pareja sea enviada a casa, pese a contar con una tobillera electrónica, ya que anteriormente ya había incumplido medidas de restricción e intentó asesinarla en dos ocasiones, según la denuncia.
LOGRÓ SOBREVIRIR. La mujer, quien tras 13 años de relación de supuestos maltratos con el hoy imputado, finalmente se había animado a hacer la denuncia, pero él le dijo que solo iba a durar en prisión una semana en caso de ser detenido. Y, finalmente, eso se cumplió, ya que Alberto Segovia Martínez solo estuvo ocho días preso.
La presunta víctima se enteró por los medios de prensa de que él sería el primer beneficiado en usar la tobillera electrónica, pero contó no estar de acuerdo. Rompió el silencio a través de radio Monumental y lanzó que si le pasa algo, “va a ser culpa de los jueces corruptos”.
El Tribunal de Apelaciones de Feria de Central, resolvió la implementación y tras un cambio de domicilio, Alberto fue enviado a casa.
La Policía dijo que proveería un celular a la mujer para que, aparte del sistema, ella pueda hacer el control. En el teléfono se cuenta con una aplicación con una alarma que se activará si su agresor incumple la restricción de 5 kilómetros.
