Tras desatarse una polémica con relación a cómo figura el estado civil en la cédula de identidad, el abogado Ricardo Preda salió al paso de las afirmaciones del asesor del Departamento de Identificaciones, Julio Giménez, quien manifestó que estar casado y usar el documento como soltero tiene sus consecuencias jurídicas.
Al respecto, Preda afirmó a través de Monumental 1080 AM que esto no puede catalogarse como un hecho punible, puesto que cuando uno realiza la renovación de la cédula no existe una declaración jurada, ya que “no te preguntan nada”.
“Los delitos contra la prueba documental, específicamente el artículo 251 (del Código Procesal Penal), que habla de la producción mediata de documentos públicos, claramente indica que es punible cuando alguien quisiera dejar en constancia falsas declaraciones, pero cuando uno renueva su cédula no te preguntan nada”, aseveró.
Por ello, manifestó que no puede existir el delito de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. “Porque el derecho penal requiere la taxatividad, es decir, la conducta debe estar activa, no se castiga la omisión”, añadió.
Mientras tanto, refirió que sí podría configurarse como un delito que la persona se acerque hasta el Departamento de Identificaciones y activamente mencione que está soltera o presente un documento falso de supuesto divorcio.
“Si yo hago consignar de manera activa datos que no se compadecen con la realidad, en esos casos sí estamos hablando de la comisión de un delito. En todo caso, la Policía debería tener un formulario de renovación de la cédula”, explicó, a la vez de cuestionar el sistema de Identificaciones, por no estar vinculado con el Registro Civil.
Finalmente, si bien el profesional del Derecho señaló que no hay ninguna ventaja para el ciudadano en figurar como soltero o casado, muchos consideran menos burocrático acceder a créditos o realizar compras financiadas cuando se figura como soltero.
La controversia sobre las documentaciones surgió después de que el subcomisario Julio Giménez, asesor jurídico del Departamento de Identificaciones, haya instado a las personas a actualizar su estado civil en la cédula, señalando que el no contar con la actualización puede ser calificado como un hecho punible.
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Alegó que la responsabilidad jurídica en el caso de la infracción recae principalmente en el ciudadano que manifiesta o declara estar soltero o casado, mientras que la culpa no se le puede atribuir al funcionario, debido a que este no puede acceder a ese dato de forma inmediata.
En tanto, aseveró que la intención no es realizar una persecución, sino que esperan que todos los paraguayos estén formalizados, porque últimamente reciben muchos reclamos por parte de instituciones. La renovación de la cédula de identidad tiene un costo de G. 8.500.
