Más de un centenar de niños y niñas se encuentran recibiendo clases al aire libre, expuestos al frío intenso, luego de que sus familias fueran desalojadas violentamente el pasado 3 de junio de una comunidad ubicada a orillas del río Curuguaty’y.
El operativo fue ejecutado por agentes policiales y un oficial de Justicia, quienes destruyeron todas las infraestructuras levantadas durante la ocupación de nueve años: viviendas, capilla, escuela, seis tanques de agua, además de unas 400 hectáreas de cultivos de piña y otros productos de renta y autoconsumo.
Las familias afectadas, alrededor de 230, denunciaron que la acción se dio a pedido de un supuesto propietario de las tierras, a quien vinculan con una conocida política del Departamento de Canindeyú. Según los labriegos, esta persona afirma tener títulos sobre más de 2.000 hectáreas y actualmente estaría realizando una masiva deforestación en la zona, lo que motivó la ocupación inicial por parte de los campesinos.
Antes del desalojo, los niños contaban con una escuela rudimentaria pero estable. Hoy, se ven obligados a continuar el año escolar sin techo, sin materiales y bajo condiciones climáticas extremas, lo que pone en riesgo su salud.
“Pedimos al Gobierno paraguayo que intervenga con empatía ante esta situación. Tíos, tías, madres, padres, abuelos… todos estamos desesperados. No es justo para los niños”, expresaron los desalojados, apelando a la solidaridad y acción del Estado.
Los afectados aseguran que venían realizando gestiones de regularización desde hace años y que el desalojo se produjo pese a la voluntad de diálogo. Denuncian además el uso excesivo de la fuerza en la intervención y exigen respuestas concretas ante la crisis humanitaria que enfrentan.
