El director de la EBY intentó desmarcarse este miércoles del caso de la funcionaria Fátima Saucedo, quien solamente trabajó 56 días durante seis meses y percibió nada menos que la suma de G. 201.052.277.
La Entidad Binacional Yacyretá abrió recientemente un sumario para determinar si la operadora cartista es o no planillera. La mujer ocupaba un lugar privilegiado, ganando más de G. 30 millones, gracias a la política.
La funcionaria es hija de Aníbal Saucedo Rodas, protegido y ex hombre fuerte de Nicanor Duarte Frutos, en su época de presidente de la República (2003-2008).
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El director de Yacyretá, del lado paraguayo, fue consultado por Monumental 1080 AM sobre el punto y admitió que Fátima Saucedo ingresó vía política a la binacional.
“Desde el momento que no hay un sistema –hasta ahora– de evaluación de méritos para el acceso al Estado paraguayo, en su gran mayoría todo ingreso en gobiernos colorados, en gobiernos liberales, en gobiernos de la izquierda; todo ingreso se debió a cuestiones políticas”, justificó a la radio.
“Pero, acá en Yacyretá, no hay nadie que entró por concurso. Hay gente muy capaces, pero todos entraron por influencia y apoyo político”, enfatizó en otro momento.
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Primero se refirió a la situación general de planilleros, alegando que la EBY bajo su dirección inició un sumario a 80 funcionarios que no cumplían con sus ocupaciones, de los cuales fueron desvinculados 10. “Estamos afinando y ya pusimos en marcha un sistema de control, pero hay muchas presiones”, agregó.
Sostuvo que “hay que empezar a construir un nuevo orden”. “Sacamos a mucha gente ya, es una vergüenza”, siguió.
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La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó el martes una denuncia penal contra la presunta planillera y operadora del cartismo ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público por el supuesto hecho de cobro indebido de honorarios y estafa.
Yacyretá, por su parte, tiene una semana para concluir el sumario abierto a Fátima Saucedo, donde se están auditando 29 días de reposos médicos presentados en los últimos seis meses.
Posteriormente, la suerte de la funcionaria quedará en manos de un juez laboral que debe determinar si hubo o no caso de planillerismo para proceder a su destitución del cargo.
