El último incumplimiento del Municipio capitalino, sobre pedido de informe, fue esta semana. La solicitud fue hecha por la Cámara de Diputados. Del mismo modo, tampoco respondió a la Junta Municipal de Asunción, a activistas y a ciudadanos en general.
“Es muy grave porque el artículo 192 de la Constitución Nacional garantiza al Poder Legislativo hacer este pedido de informes. Y él (Nenecho), negándose a dar, aunque la reglamentación de la ley no estipula ningún tipo de sanción, está violando abiertamente un artículo de la Constitución”, expresó la diputada Johanna Ortega. Indicó que volvieron a reiterar el pedido de informe que debe ser respondido en un plazo de 10 días corridos.
Convocatoria. Concejales de Asunción, sobre todo oficialistas, se vieron obligados a aprobar la convocatoria del intendente y su equipo técnico para informar sobre el uso de créditos que eran para obras. La comparecencia será el miércoles 26 de junio, durante la sesión ordinaria de la Junta. También se acordó realizar reuniones continuas ante la crisis financiera. Se habló además de la necesidad de establecer límites a las deudas.
En el balance presentado por Intendencia, desde enero a abril del 2024, figura como deuda por pasivos no corrientes casi G. 2 billones. Unos G. 817.500 millones corresponden a emisiones de bonos aún sin honrar, de un total de G. 1.070.000 millones de siete créditos acumulados. La intendencia había evitado responder a varias de las consultas que realizó la propia comisión de Hacienda de la Junta, durante el análisis de la ejecución 2023. Aún así, y en medio del escándalo por los G. 500.000 millones faltantes, colorados y liberales blanquearon el balance.
Amparo. En el cercano mes de julio vencen los plazos para que Nenecho, por sentencia judicial, transparente el uso de dinero público; el 2 de julio, el que fue promovido por el concejal de Patria Querida, Álvaro Grau, y el 8 de julio el del abogado Ezequiel Santagada.
En este último caso se solicita que los datos se publiquen en el portal del Municipio. Además de los detalles de usos de dinero proveniente de bonos, se pide detalles de las licitaciones, certificación y conciliación bancaria, explicación de grupo de saldos que aparecen en balance y otros.
Está pendiente además el dictamen de la Contraloría General de la República, que anunciaron no llevaría un mes el proceso de análisis de las documentaciones municipales, que inició a principios de este mes de junio.
Pronunciamiento. Gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado instando a todos los gestores de recursos públicos a rendir cuentas a la ciudadanía de manera transparente y responsable. “La falta de transparencia y acceso a la información pública no solo dificulta el desarrollo, sino que también debilita la confianza en nuestras instituciones y afecta negativamente el bienestar de toda la sociedad”, señala el comunicado.
