Fijar objetivos implícitamente supone la existencia de un plan para alcanzarlos porque este indica el camino, las acciones, los instrumentos y los hitos necesarios para lograr los objetivos en tiempo y forma. Mientras más desafiantes sean los objetivos, más estrictamente necesarios son los planes para incrementar la probabilidad de alcanzarlos. Asimismo, mientras menos credibilidad tengan los países o sus gobiernos, por su comportamiento anterior o por dudas respecto a su competencia o poder político para tomar las decisiones requeridas, más necesario se vuelve el presentar un plan económico explícito, coherente y consistente en el tiempo para el logro de los objetivos planteados. Días atrás, el Gobierno argentino alcanzó un acuerdo con sus acreedores, quienes aceptaron la propuesta de objetivos sin plan, seguramente porque las opciones que tenían para cobrar sus acreencias no eran mucho mejores que la propuesta del Gobierno. Sin embargo, la confianza en el cumplimiento del nuevo plan de pagos acordado es muy baja, debido a la decisión del Gobierno de no comprometerse a un conjunto de reformas necesarias para estabilizar y recuperar el crecimiento económico de largo plazo.
Sin embargo, nuestro país ha venido ganando credibilidad e incrementando la confianza en los últimos 20 años, no tanto por la fijación de objetivos, sino por el compromiso de los distintos gobiernos en la implementación de planes y programas económicos coherentes en sus distintos componentes y consistentes en el tiempo. Empezamos con un Acuerdo Stand By con el FMI allá por el 2003, con la realización de una serie de reformas económicas y fiscales que luego se consolidaron con la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2013, cuyos parámetros fueron cumplidos sustancialmente hasta ahora. Además, desde el 2011 el Banco Central implementa exitosamente una política de metas de inflación como guía de la política monetaria. Sin embargo, este buen gobierno en la política macroeconómica del país siempre está a la deriva, debido a que depende del consenso social y político mayoritario que tenga en las distintas coyunturas económicas y sociales y que se explicitan en decisiones sensatas que consideren tanto las necesidades de corto como de largo plazo. En este sentido, la pandemia es un gran desafío y una gran oportunidad a la vez para ratificar o dejar de lado la prudencia en el manejo de la economía del país.
Hasta ahora el Gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso han tomado decisiones relativamente sensatas considerando la grave y difícil coyuntura que estamos pasando. Sin embargo, el déficit fiscal está alcanzando niveles insostenibles y la deuda pública ha superado ciertos límites que ponen en riesgo la posibilidad de seguir mejorando la calificación de riesgo país, considerando nuestro nivel de ingreso per cápita y de crecimiento económico potencial. Por esta razón, necesitamos consensuar un plan fiscal de mediano plazo con una reducción del déficit al tope previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, a más tardar en el 2022 y con un compromiso político con las reformas necesarias para contener los gastos salariales y corrientes, mantener los niveles de inversión pública y mejorar la calidad del gasto y los servicios públicos. Si lo hacemos, saldremos fortalecidos con más credibilidad para atraer inversiones y seguir creciendo para crear las tan necesarias oportunidades para la gente después de la pandemia.
