País

Nativos exigen medir tierras que el Indi dice desconocer

 

La protesta indígena en Asunción no da tregua. Ayer, nativos ava guarani de las comunidades Yvy Porã Independiente y Ko’ê Pyahu, ubicadas en Alto Paraná, se manifestaron por enésima vez en el microcentro capitalino, bloqueando el tránsito a la altura de las calles Antequera y Eligio Ayala.

Requieren al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) que lleve a cabo una mensura judicial del terreno donde fueron desalojados por orden de productores sojeros. Reclaman, además, la instalación de una escuela y un puesto de salud, pensando en los niños y niñas de ambas comunidades.

De lo contrario, seguirán asentados en la Plaza Uruguaya y cerrando intermitentemente las vías céntricas.

Ellos, luego de ser desalojados de la comunidad Jetyty Mirî, Canindeyú, fueron reubicados en la administración anterior del Indi, a cargo de Aldo Saldívar, en los distritos de Ytakyry (Alto Paraná) y Mcal. López (Caaguazú), respectivamente.

Allí tenían chacras y criaban algunos animales, según relató Ramón Benítez, líder comunitario.

Pero volvieron a ser despojados del lugar por orden de productores de la zona dedicados al cultivo de soja y de eucalipto. Por eso, insisten al ente rector que haga una mensura del inmueble que, de acuerdo al documento que poseen, pertenece al Indi.

La presidenta del ente rector, Ana María Allen, a su vez, reveló que esas tierras inscriptas a nombre del Indi “no existen”. Incluso, la institución introdujo una denuncia por compra irregular de tierras ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.

“Nunca se fue personal del Indi ni del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) allá para medir la tierra”, refirió al señalar que ellos tienen sus viviendas y sus chacras y “cómo no va a existir nuestra tierra”, cuestionó.

Millonario perjuicio
El Indi solicitó a la Fiscalía investigar la compra de 1.364 ha. de tierras que figuran a nombre del ente y son reclamadas por los nativos. Pero, esas tierras “no existen”, según revelaron. El perjuicio asciende a G. 800.000.000 y se perpetró en la administración de Valentín Gamarra.

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