Silvio Peña, intendente de Emboscada, manifestó que las obras de construcción de dos nuevas penitenciarías no están autorizadas por la Comuna.
Desea que los nueve concejales y todas las autoridades del distrito realicen una mesa de diálogo para, posteriormente, fijar una fecha para audiencia pública con la ciudadanía y, con base en eso, hacer compromisos con el Gobierno.
Peña pide que las autoridades nacionales se comprometan a brindar seguridad y que como resarcimiento le construyan un hospital, con el que no cuentan.
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“Queremos eso como garantía, para que esto (las obras) se pueda ejecutar; si eso no pasa, vamos a decir no a este proyecto”, manifestó en conversación con la emisora 650 AM.
Desea que en la audiencia pública se comente sobre los beneficios y las desventajas que tendrá la construcción de ambas penitenciarías y que se realice todo el trabajo en conjunto con la comunidad.
Aseguró que por unanimidad los concejales tienen la misma postura. Inclusive, planean salir a cerrar rutas e ir hasta las penitenciarías locales para realizar manifestaciones.
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“Todo esto se hace sin ninguna consulta. Nosotros estamos acá con los ojos vendados, no sabemos en absoluto qué garantías vamos a tener. No puedo callarme y el día de mañana hacerme responsable de este mal que nos están trayendo. Las penitenciarías no son bien vistas en ninguna comunidad”, lamentó.
Faltan insumos y seguridad
El distrito de Embocada, ubicado en el Departamento de Cordillera, solamente cuenta con un centro de salud que carece de insumos. En el lugar reciben cerca de 30 a 35 reclusos que padecen distintas enfermedades.
El intendente se preguntó qué pasa si un presidiario decide tomar de rehén a una doctora o a un paciente y aseguró que deben tener todos los sistemas de seguridad para dejar que se ejecuten las obras.
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Por otra parte, dijo que desean que desde el Ministerio de Salud expliquen a la ciudadanía si van a tener un sistema de sanidad acorde con lo que se va a construir.
También exige un destacamento policial o militar que brinde una garantía y seguridad a la ciudad de Emboscada.
Además, afirmó que la Comuna puede impedir la construcción de estas cárceles porque es autónoma.
Mencionó que desea mantener una reunión con el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, a quien dijo haber enviado una nota para entablar una conversación, pero que nunca obtuvo una respuesta.
Proyecto del 2015
Peña recordó que en el año 2015 el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, y el Ministerio de Justicia habían presentado un proyecto en la Junta Municipal sobre la ampliación de cuatro pabellones en la Penitenciaría Regional de Emboscada.
En aquella ocasión, se había rechazado por unanimidad por carecer de varios documentos respaldatorios.
Dio como ejemplo que el proyecto no presentaba ningún certificado de impacto ambiental y no tenía el sistema de desagüe cloacal.
Comentó que actualmente tienen problemas con el penal Padre Juan Antonio de la Vega porque los pozos ciegos están todos llenos y los desperdicios caen en un cauce hídrico.
MOPC adjudicó la construcción de tres cárceles
El 19 de junio pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la construcción de tres nuevos establecimientos penitenciarios para las ciudades de Emboscada y Minga Guazú, por G. 190.965 millones (USD 31,1 millones al cambio actual).
El llamado en cuestión se dividió en tres lotes (pabellones), de los cuales dos se construirán en Emboscada y uno en Minga Guazú. Cada pabellón estará capacitado para albergar a 1.320 internos, según los registros oficiales del MOPC.
Las obras se iniciarán en agosto y los grupos adjudicados tendrán 24 meses para culminar las nuevas penitenciarías.
Actualmente, Emboscada cuenta con dos centros penitenciarios, que son Padre Juan Antonio de la Vega y la Antigua Penitenciaría Regional de Emboscada, que están cerrados temporalmente por la superpoblación.
