A medida que se acercan las próximas elecciones municipales, un fenómeno vuelve a repetirse en la política paraguaya: Dirigentes que enfrentaron procesos judiciales, imputaciones o graves cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción vuelven a presentarse como candidatos, buscando retener o recuperar espacios de poder en las intendencias.
En un país que cuenta con 260 municipios, la problemática no es menor.
Numerosas administraciones municipales han sido objeto de denuncias, auditorías o investigaciones por el manejo de recursos públicos. Sin embargo, en muchos casos, los mismos nombres vuelven a aparecer en la máquina de votación.
La lista incluye a nombres conocidos de la política nacional como Tomás Rivas, Óscar Nenecho Rodríguez, Miguel Cuevas, Hilario Adorno y Patricia Corvalán, entre otros dirigentes que han enfrentado procesos judiciales o fuertes cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
La dinámica se repite cada ciclo electoral. Políticos que enfrentaron imputaciones, juicios o investigaciones administrativas logran mantener vigencia electoral, en muchos casos gracias a la falta de condenas firmes o a procesos judiciales prolongados que terminan diluyéndose en el tiempo.
Un ejemplo emblemático es el de Tomás Rivas, ex diputado colorado involucrado en el caso conocido como “caseros de oro”.
La investigación reveló que empleados particulares suyos figuraban como funcionarios del Congreso y cobraban salarios del Estado.
La Fiscalía lo acusó por estafa y cobro indebido de honorarios, luego de comprobar que estas personas no prestaban servicios en la Cámara de Diputados.
Municipios en la mira. El fenómeno también se observa en el ámbito municipal, donde varios intendentes o ex intendentes con procesos judiciales buscan mantenerse o volver al poder.
Uno de los casos más recientes es el de Hilario Adorno, ex intendente de Puerto Casado, quien fue condenado por un tribunal a tres años y ocho meses de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio, tras comprobarse que utilizó fondos municipales para adquirir un vehículo de uso particular.
Otro ejemplo es el de Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, cuestionada por la falta de rendición de cuentas sobre recursos públicos, situación que no impidió que continúe recibiendo transferencias estatales y mantenga influencia política en su municipio.
Otro dirigente que estuvo bajo investigación es Miguel Cuevas, ex intendente y ex presidente de la Cámara de Diputados, quien enfrentó un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
El caso incluyó investigaciones sobre propiedades y patrimonio que, según la acusación fiscal, no guardaban relación con sus ingresos declarados.
Los acusados continúan participando en política bajo el principio de presunción de inocencia y, en algunos casos, logran incluso reforzar su base electoral argumentando persecución política.
Este fenómeno se ha convertido en un rasgo estructural de la política paraguaya: causas que se extienden durante años sin sentencia firme, acuerdos de reparación del daño o prescripciones que terminan cerrando procesos.
Las municipalidades manejan recursos cada vez más importantes. Los ingresos provenientes de royalties hidroeléctricos, transferencias del Gobierno central y fondos de inversión pública han convertido a las intendencias en espacios clave de poder político y económico.
En muchos distritos, el control del Municipio implica también influencia sobre la contratación pública, la ejecución de obras y la administración de programas sociales. Por eso, las denuncias e han vuelto recurrentes.
Impunidad. La titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y activista anticorrupción, Esther Roa, manifestó que numerosos ciudadanos han presentado denuncias ante la Contraloría General de la República o al Ministerio Público, pero las respuestas suelen ser insuficientes o inexistentes. Mencionó que las razones son conocidas, como la injerencia política, falta de recursos institucionales y la debilidad de los mecanismos de investigación.
“Incluso en los pocos casos donde se logró una imputación, los procesos suelen quedar estancados por chicanas procesales de los acusados y sus abogados, que rara vez reciben sanciones, a la cual se suma la mora judicial intolerable. Sin lugar a dudas, la impunidad termina enviando un mensaje devastador a la ciudadanía: Robar recursos públicos no tiene consecuencias reales”, manifestó la abogada Roa.
