Carlos César Trapani, ex asesor presidencial y actual abogado de Mario Abdo Benítez, utilizó su cuenta de X (@CCesarTrapani) para analizar la publicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulada “Paraguay: el camino hacia la consolidación del grado de inversión y la credibilidad institucional”, publicada en marzo 2026.
En el posteo, el abogado enfatizó que la publicación reconoce que la Ley 7089 (sancionada en abril de 2023) constituyó un avance regulatorio en materia de integridad pública, especialmente en lo que refiere a los conflictos de intereses, es decir, situaciones en las que funcionarios toman decisiones (o corren el riesgo de tomar, digamos) buscando beneficios personales en lugar del interés general.
“A renglón seguido, reconoce que la Ley 7236 (enero de 2024), moldeada por el actual oficialismo en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, significó un retroceso con relación a las mejores prácticas y los estándares internacionales. Desde el punto de vista significativo, esta segunda ley nos privó de varias medidas para promover la integridad y combatir la corrupción. Entre ellas destacaría las reglas de ‘puerta giratoria’ (mecanismos para impedir que los funcionarios, al dejar sus cargos, intervengan o hagan gestiones ante el organismo en que trabajaron); la prohibición de que funcionarios estén vinculados a empresas que puedan favorecer desde su cargo; la transparencia en la construcción de regulaciones; la publicación de la agenda oficial de los funcionarios (visitas recibidas y temas tratados) y otras más”, explicó.
El abogado afirmó en su publicación que desde el punto de vista más simbólico, a su juicio, supuso una reafirmación de la matriz corporativista que arrastra el país formalmente por lo menos desde la Constitución de 1940.
“Esto implica una arena político-institucional en la que ciertos grupos económicos tienen acceso privilegiado al proceso de toma de decisiones públicas y ejercen presión en favor de sus intereses, en lugar de propiciarse una discusión abierta, transparente y en pie de igualdad sobre qué es mejor para la mayoría de la población”, posteó.
En contacto con ÚH, el abogado afirmó que en la publicación se destacan reformas institucionales que llevaron al país a estabilizar a la economía y mejorar el funcionamiento de la administración pública en general.
“Es destacable la sinceridad y transparencia para reconocer que el hecho de haber eliminado las famosas puertas giratorias, por ejemplo, estos mecanismos que evitan que el paso del sector público al sector privado y viceversa en la que se pueden tomar decisiones que favorezcan a intereses personales, este mecanismo de las puertas giratorias se haya eliminado y eso es lo que caí en cuenta en esta publicación”, comentó.
PUBLICACIÓN. Textualmente el libro reza cuanto sigue: “Entre los aspectos que se modificaron figuran la eliminación de las reglas de conflicto de interés post-empleo (conocida como reglas de puerta giratoria), la posibilidad de firmar acuerdos de integridad y otros remedios que hacían de la ley reformada un instrumento más acorde con las mejores prácticas y los estándares internacionales”. En estas últimas palabras se observa la crítica del MEF, según Trapani.
- Reconoce que la Ley 7236 (promulgada en enero de 2024) significó un retroceso con relación a las mejores prácticas y los estándares internacionales.
- “Esto implica una arena político-institucional en la que ciertos grupos tienen acceso privilegiado a la toma de decisiones”. Carlos César Trapani, abogado.
