El concejal municipal Édgar Martínez (ANR-HC) resaltó su rechazo a la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025 de la administración de la intendenta Carolina Aranda (PLRA), y denunció falta de transparencia y de acceso a documentos para un análisis serio de cómo la Intendencia invirtió el dinero de los contribuyentes.
El pasado martes 31de marzo, una mayoría oficialista de la Junta Municipal, aprobó la ejecución presupuestaria 2025. En tanto, Édgar Martínez señaló que rechazó el documento y advirtió sobre graves irregularidades documentales y la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. El presupuesto anual de Mariano Roque Alonso ronda los G. 80.000 millones.
Martínez indicó que solicitó en dos ocasiones la copia de la documentación que respalda la ejecución presupuestaria 2025 y no obtuvo respuestas, y manifestó que en todo este periodo se opuso a la aprobación de los balances de ejecución presupuestaria por la misma situación irregular de falta de acceso a documentación correspondiente.
Argumentó que su voto negativo no responde a una cuestión de color político o campaña electoral, sino a la responsabilidad de no ser parte de un sistema de blanqueo a la administración municipal que no rinde cuentas claras sobre el dinero de los contribuyentes.
Martínez acotó que la persistencia de deficiencias documentales y faltas administrativas en la administración de Carolina Aranda, fueron señaladas por la propia Contraloría General de la República (CGR).
El edil recordó que sus denuncias sobre el uso discrecional de rubros de royalties y Fonacide han sido validadas por el órgano contralor en exámenes previos. En ese sentido, mencionó que, en años anteriores, el organismo de control detectó la falta de documentos respaldatorios en millonarias transferencias, lo que motivó pedidos reiterados de auditorías externas.
“El dinero del pueblo se respeta o se enfrenta”, sentenció Martínez y cuestionó la celeridad de sus pares para aprobar un balance que presenta “sombras” administrativas sin un análisis técnico riguroso.
Martínez sostuvo que el presupuesto es la expresión máxima de la confianza ciudadana y que, al verse distorsionada por la falta de claridad, su deber es denunciar para evitar posibles daños patrimoniales con el dinero público.