Según su testimonio, la paciente acudió al hospital entre el 7 y el 9 de septiembre, siendo atendida por cinco médicos distintos, ninguno de los cuales le habría brindado la atención necesaria ni la medicación correcta. “El doctor Insaurralde pidió una radiografía, pero al salir de su turno la dejó en el visor sin revisarla. Luego ingresó el doctor García y tampoco la verificó. Cuando el quinto médico finalmente diagnosticó neumonía, ya era demasiado tarde. Esa misma tarde mi mamá se descompensó y fue derivada a terapia en el Hospital de Ayolas, donde falleció 10 días después”, relató la denunciante.
El caso fue presentado ante la Fiscalía de Santa Rosa el 9 de octubre, así como ante el Ministerio de Salud. Penayo aseguró que la fiscal Mary Stella Cano no tomó ninguna acción, motivo por el cual solicitó su recusación para que otro agente tome el caso. También afirmó que la ministra de Salud firmó una resolución ordenando una auditoría médica, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo. “Voy a presentar un escrito de urgencia porque necesito que se realice la auditoría. Presenté pruebas y exijo que se tomen acciones”, expresó.
La funcionaria también denunció que desde el momento en que presentó la denuncia comenzó a sufrir persecución laboral. Según sus declaraciones, el 21 de enero recibió una nota del doctor José Mereles, director de la Octava Región Sanitaria, notificándole su traslado a la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio Pablo Sexto.
“Me cerraron todas las puertas en Misiones. Solicité el descargo de los funcionarios implicados y tuve que recurrir al Ministerio de Salud, donde recopilé 250 hojas que muestran contradicciones y documentos adulterados. Tengo fotografías del historial clínico de mi madre tomadas el 16 de septiembre, y al compararlas con los documentos actuales, noto que agregaron medicamentos, alteraron horarios y modificaron registros clínicos”, aseguró.
Por su parte, el doctor José Mereles indicó que el caso está siendo tratado directamente con Medicina Legal y Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud. “Se está investigando el caso, y la licenciada está en su derecho de denunciar. Estamos esperando que la Fiscalía actúe para que el Ministerio pueda tomar medidas más severas”, manifestó.
Sobre el traslado de Penayo, Mereles explicó que el pedido se realizó debido a que varios especialistas habrían amenazado con renunciar a causa de conflictos con ella. Sin embargo, días después se revocó el traslado, aunque no su destitución como jefa del área de Epidemiología. “Se solicitó su remoción del cargo y pasará a desempeñar otras funciones en el hospital. Ella incurrió en una falta grave al extraer documentos del sistema GIS para su denuncia”, puntualizó.
El caso sigue en proceso de investigación mientras la denunciante exige respuestas y justicia por la muerte de su madre.
