En la sesión ordinaria virtual del Senado fue tratado el proyecto de ley que cita e interpela al señor Rubén Capdevila Yampey, titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), presentado por la bancada del Frente Guasu.
Varias denuncias de falencias se realizaron en torno a la gestión del secretario de Estado por el sector del arte y la cultura, que el mes pasado se pronunció con un comunicado expresando su disconformidad.
La propuesta quedó rechazada por una mayoría del pleno, con 17 votos en contra de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y una parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) frente a 15 votos a favor del Frente Guasu, Partido Progresista Democrático (PDP) y algunos liberales. El Partido Patria Querida (PPQ) se abstuvo de votar.
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El senador Enrique Bacchetta, del Partido Colorado, defendió en sus intervenciones durante el debate del proyecto la gestión de Capdevila Yampey. Incluso, afirmó que el pedido de interpelación es “injusto”.
“Está trabajando bien, con problemas normales, es una persona que está siempre en el control que hace a su cartera”, señaló. Por esto, el legislador Jorge Querey (PPQ) lo tildó de abogado defensor del ministro de Cultura.
Martín Arévalos, otro senador colorado, calificó la petición de la bancada de Frente Guasu como el inicio de una “persecución” y alegó que la iniciativa surge de problemas con salarios de funcionarios de cargos de confianza en la Secretaría Nacional de Cultura.
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En ese sentido, muchos citaron el caso de Moncho Azuaga, desvinculado en marzo pasado del cargo de asesor de Artes Escénicas, tras 12 años de servicio. Su destitución había generado críticas y expresión de apoyo en el sector cultural y artístico.
El senador de la ANR, Enrique Riera en un momento dado incluso esgrimió que el arte y la cultura “por lo general es un sector de la izquierda”, lo que causó el enojo de la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez. Pero Riera acabó retirando lo dicho y ofreciendo disculpas.
La parlamentaria Georgia Nani Arrúa advirtió que el interrogatorio era de carácter acusatorio en el proyecto, por ello decidieron abocarse por la abstención de votos.
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Mediante un manifiesto firmado por 736 artistas, gestores culturales, académicos e investigadores se había pedido al titular de Cultura la toma de medidas urgentes ante el impacto de la pandemia para el sector, y en el mismo documento habían expresado disconformidad con su gestión el pasado 16 de julio.
Los proyectistas buscaban a través de la interpelación encarar a Rubén Capdevila Yampey por una supuesta persecución y acoso laboral, la presunta irregularidad en la administración de fondos del Festival del Arpa que recibió recursos del Gobierno y daños a patrimonios culturales como la pavimentación de Quyquyhó, entre otros.
