21 feb. 2024

Ministra de la Corte advierte sobre proyecto de prisión preventiva: “Vamos a ser un Estado policiaco”

La ministra de la Corte Carolina Llanes cuestionó el proyecto de ley que pretende terminar con la discrecionalidad de las medidas alternativas a la prisión. Sostuvo que sería “un avasallamiento” a la Constitución Nacional y advirtió que convertirá al país “en un Estado policiaco”.

Policía Nacional

El objetivo del proyecto de ley es reducir la inseguridad en las calles, pero autoridades judiciales lo cuestionan.

Archivo ÚH

Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se pronunció este martes a través de Monumental 1080 AM contra el proyecto de ley que pretende terminar con la discrecionalidad de los jueces para otorgar medidas alternativas a la prisión.

Llanes calificó el planteamiento como un “retroceso” para el sistema judicial, señalando que el modelo político constitucional actual está “organizado en torno al respeto, a la dignidad de las personas, a la libertad, la igualdad y la Justicia”, lo que sería afectado en caso de aprobarse el proyecto.

“Son garantías que están protegidas dentro del sistema constitucional y legal. La finalidad de la prisión preventiva es única y exclusivamente garantizar el sometimiento del imputado al proceso, no es un mecanismo para garantizar la seguridad interna de la República”, aseveró.

Añadió que usar esa medida como un mecanismo para garantizar la seguridad interna del Estado es “directamente revertir el sistema, desvirtuar su naturaleza” y que no solo afectará el orden nacional, sino también a nivel internacional.

Acotó que el Poder Judicial no tiene una función de prevención en cuanto a seguridad, sino de acción una vez que se hayan cometido los hechos, pero siempre actuando conforme a la ley, castigando a los responsables cuando se haya probado la responsabilidad.

“El Poder Judicial actúa una vez que el hecho está consumado y actúa en consecuencia. En el ámbito de política criminal se está encarando de manera errada, porque se busca criminalizar el derecho penal de autor. Este es un avasallamiento de la Constitución. Vamos a convertirnos en un Estado policiaco y los jueces no van a poder aplicar la Constitución”, advirtió.

Nota relacionada: Plantean terminar con discrecionalidad de medidas alternativas

También sostuvo que el proyecto se encara en contraposición al artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que “la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio”.

“Acá nuevamente se va a convertir en una regla, es un error muy grande de enfoque y de concepto que pervierte el sistema penal y lo peor de todo es que se siga alimentando al monstruo que está en las penitenciarías”, alertó a su vez.

Sobre este último punto, dijo que solo se propiciará mayor criminalidad, debido a que en los centros penitenciarios se recluta a las personas que ingresan, las cuales terminan formando parte de las facciones criminales y “salen cumpliendo una misión”.

“Esto es algo terrible que hay que analizar mejor. Los proyectistas deben analizar la ley y cómo está conceptuada. Como personas de Derecho, siempre tenemos que hacerlo dentro del Estado de Derecho Constitucional”, finalizó.

Más sobre el proyecto

La propuesta fue presentada en julio pasado por el diputado Antonio Buzarquis, quien sostuvo que la sociedad está padeciendo por la inseguridad, por lo que argumentó que la única manera de evitar más hechos en las calles es que la Policía Nacional pueda llevar a los aprehendidos directamente a la cárcel.

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En ese sentido, en el documento se plantea que todos los que cometan hechos punibles que tengan una expectativa de pena superior a 5 años de cárcel sean enviados directamente a prisión preventiva.

En su exposición de motivos, el parlamentario sostuvo que el objetivo es eliminar la “discrecionalidad que tienen los magistrados judiciales de otorgar medidas alternativas a la prisión con criterios subjetivos”.

Se trata de la propuesta que modifica los artículos 242 y 245, del Código Procesal Penal, y los cuales a su vez “modifican los artículos 243 y 244 del Código Procesal Penal”, este último presentado por el diputado Raúl Latorre. La idea, según Buzarquis, es unificar ambos proyectos.

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