El Ministerio de Justicia presentó un recurso de apelación general en contra de la decisión de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer de disponer una tutela jurisdiccional de carácter general a favor de las internas que están recluidas en el nuevo Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).
El Juzgado dispuso que en quince días se arbitren los medios necesarios (presupuesto e infraestructura) “para que sean cumplidos los derechos y garantías de las mujeres privadas de libertad” y garantizar salud, alimentación y condiciones dignas, además del funcionamiento de actividades recreativas, programas educativos y laborales.
En esta apelación, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, menciona que resulta “materialmente imposible” y que termina siendo un “agravio” al Ministerio de Justicia.
15 días es “arbitrario”
“No se cuestiona que el juez de Ejecución Penal debe velar por el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena; sin embargo, ello no le faculta a establecer plazos arbitrarios”, dice la apelación.
El Ministerio de Justicia cuenta con un plan posoperativo Umbral 2.0, que prevé un plazo de tres meses (90 días) posteriores al traslado desde el Buen Pastor, para implementar en el COMPLE, de forma gradual y progresiva, considerando toda la complejidad que conlleva poner en marcha un establecimiento desde cero.
“Reducir todo ese proceso a un plazo de 15 días resulta material y logísticamente imposible, y jurídicamente irrazonable, pues se desconocen los tiempos administrativos y presupuestarios necesarios”, explica el viceministro.
Finalmente, afirma que las cuestiones básicas, como la provisión de agua, alimentos y atención sanitaria, “son prioritarias”.
Lo que debió hacer el Juzgado fue fijar un plazo de 15 días solo para recibir un informe de avance del plan, apunta Maciel, y “no la ejecución integral del plan”.
