Se trata de Gumercindo Javier Ramírez Schneider, agente del Área Naval del Comando de la Armada y el funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Osvaldo Antonio Carísimo Bustamante.
El fiscal Osvaldo Zaracho los imputó por lesión corporal en ejercicio de las funciones públicas y privación de libertad, en calidad de autores.
Ambos fueron identificados tras la remisión de las instituciones públicas sobre el listado de funcionarios de turno el 14 de octubre del año 2025 al fiscal investigador.
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Según la investigación fiscal, la golpiza se registró el citado día, alrededor de las 16:20, en el carril de ingreso al país, durante un control rutinario de vehículos.
En esa ocasión, los intervinientes habrían inspeccionado un automóvil conducido por un hombre mayor de edad que estaba acompañado de su hijo de 14 años. Durante el procedimiento se habría producido un forcejeo y el agente del Área Naval habría ejercido fuerza contra el conductor con la intención de hacerlo salir del vehículo.
La imputación señala que el adolescente intervino para defender a su padre, momento en el que el uniformado lo habría sujetado del cuello, golpeado en la cabeza a la altura del oído y posteriormente tomado del cabello, ejerciendo presión nuevamente sobre su cuello.
Según el Ministerio Público, en simultáneo, el funcionario de la DNIT habría ingresado al vehículo por la puerta del acompañante, lanzando golpes y actuado con violencia, logrando finalmente sacar al conductor del rodado.
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Posteriormente, el hombre fue aprehendido con apoyo de otros intervinientes y trasladado hasta la Base Naval, donde habría permanecido privado de su libertad hasta aproximadamente las 21:00.
El hecho quedó registrado en imágenes que luego fueron difundidas en redes sociales y medios de comunicación.
Para sustentar la imputación, el Ministerio Público presentó como elementos actas de intervención policial, actas de incautación, informes institucionales, registros fotográficos y fílmicos, declaraciones testimoniales del afectado y del adolescente, así como evaluaciones psicológicas e informes médicos.
Finalmente, el fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, bajo el cumplimiento de reglas de conducta y un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
