Integrantes de redes y organizaciones presentaron un análisis y posicionamiento ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas.
Sara Jorge, del Colectivo de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad (Discasfem), fue la primera en el uso de la palabra y recordó el feminicidio de Deisy Paola Gímenez.
“Llegamos aquí indignadas y dolidas ante el cruel feminicidio de Deisy Paola Giménez, una joven de 22 años asesinada hace tres días por su ex pareja como resultado de la falta de protección del Estado. Ella se animó a hablar y hoy ya no puede estar. Pero nosotros venimos a hablar por ella”, expresó.
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Mencionó los retrocesos en igualdad, no discriminación e institucionalidad de género al citar la vigencia de “la resolución ministerial por la cual se prohíbe enseñar género en el sistema educativo, cuya derogación había recomendado el comité en el 2017”.
Las prohibiciones fueron ampliadas a través de la resolución 1803/2025. Jorge también hizo hincapié en el discurso antigénero, el cual se agravó desde el Estado, además de eliminar la palabra género en varias instituciones, como la Cámara de Diputados.
“Mientras que el Ministerio de la Mujer continúa con un presupuesto de apenas el 0.019% del presupuesto público y seguimos sin contar con una ley contra todo tipo de discriminación”, subrayó.
Como recomendación, Jorge sugirió fortalecer territorial y presupuestariamente al Ministerio de la Mujer, y proteger la institucionalidad de género del Estado.
Aumento de casos de violencia de género
A su turno, María José Durán, de la Coalición redactora del Informe Sombra de 9 organizaciones de la sociedad civil de Paraguay, informó sobre el aumento sostenido de las denuncias por violencia de género, pero con brechas en el acceso a la justicia.
“La prohibición del abordaje de género impacta en la prevención de las altas tasas de violencia y feminicidio. Los servicios de atención y protección son insuficientes en cobertura, calidad e interseccionalidad”, denunció.
Tampoco se cuenta con registros unificados con datos que orienten a políticas adecuadas, facilitando la revictimización.
“Y se pretende desalentar las denuncias de violencia familiar y sexual reformando el artículo 289 del Código Penal”, advirtió.
El temor surgió tras las expresiones del diputado Yamil Esgaib durante el debate del proyecto de ley para la modificación de dicho artículo, mencionando denuncias falsas en acusaciones por violencia contra la mujer y violencia familiar.
Para erradicar la trata de personas, Durand contextualizó el poco presupuesto y débil articulación estatal en tanto aumentan las desapariciones de personas que podrían estar vinculadas a ello.
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Si bien hubo un aumento en la persecución penal, la reparación de las víctimas sigue sin ser efectiva.
“Alertamos sobre una resistencia estatal a la prohibición total del matrimonio infantil y la falta de medidas integrales para erradicar el criadazgo”, enfatizó.
La última vocera fue Mirta Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista, quien abordó las barreras educativas sobre educación sexual y perspectiva de género.
Por ello, solicitó al Comité recomendar al Estado la garantía “de una educación integral de la sexualidad, científica, laica, con perspectiva de derechos e igualdad de género y adecuada a la edad para prevenir el abuso sexual y los embarazos infantiles y adolescentes”.
Además, pidió “priorizar el acceso de mujeres indígenas a la educación y alfabetización, y aprobar una ley de salud sexual, reproductiva y materno-perinatal y garantizar servicios accesibles, interculturales e inclusivos”.
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El informe se presenta como antesala al viaje de una delegación paraguaya conformada por la ministra de la Mujer, Alicia Pomata; la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes; y los diputados Rocío Abed, Jazmín Narváez y Rodrigo Gamarra, quienes expondrán sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
Ambos documentos estarán a disposición de las expertas que integran el comité de la ONU con el fin de contrastar avances y retrocesos para “recomendar medidas que contribuyan a erradicar las discriminaciones y las violencias por razones de género en Paraguay”.
El viaje de los legisladores a Ginebra, Suiza, es cuestionado porque han promovido iniciativas que debilitaron las políticas de protección a las mujeres.
La abogada Alejandra Peralta citó como ejemplo el intento de fusionar el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez.
