La directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay, Alba Talavera, advirtió sobre los efectos negativos que podría generar una eventual medida del Gobierno que busque gravar o limitar el uso de las reservas facultativas de las empresas, en el marco de una mayor necesidad de recaudación fiscal.
Talavera explicó a Última Hora que, si bien existe un interés oficial por aumentar los ingresos en un contexto de ajuste económico, no se ha precisado con claridad a qué tipo de reservas se apunta. “Existen varias, como la reserva legal o la de revalúo, pero en este caso se estaría hablando de las reservas facultativas”, indicó.
Detalló que estas reservas corresponden a utilidades líquidas que las empresas pueden destinar, según decisión de asamblea, a capitalización, distribución o acumulación. En caso de distribuirse, dichas utilidades pagan un impuesto del 8% para contribuyentes nacionales y del 15% para extranjeros, en carácter único y definitivo.
Según la especialista, el debate surge ante la posibilidad de establecer un plazo, por ejemplo, de tres años, para que las empresas definan el destino de estas utilidades. De no hacerlo, podrían verse obligadas a tributar, lo que, a su criterio, generaría dificultades operativas.
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“Muchas empresas no cuentan con liquidez suficiente, aunque tengan recursos en sus balances, porque están destinando esos fondos a inversiones o provisiones para compras futuras”, explicó. Citó como ejemplo a firmas que importan maquinaria o insumos, cuyos recursos están comprometidos en operaciones en curso.
En ese sentido, cuestionó que se obligue a las empresas a pagar impuestos sobre utilidades no distribuidas efectivamente. “Si no tienen liquidez, tendrían que endeudarse para cumplir con el fisco, lo que no tiene lógica y genera un cuello de botella financiero”, afirmó.
Asimismo, consideró que la iniciativa podría generar rechazo en el sector empresarial, que optaría por capitalizar utilidades antes que distribuirlas para evitar el pago del impuesto.
Talavera también atribuyó la presión fiscal a errores en la estimación de ingresos del Gobierno al momento de elaborar el Presupuesto General de la Nación. A esto sumó factores como la alta informalidad, que estimó entre 40% y 50%, y la caída en la recaudación aduanera debido a la variación del tipo de cambio.
Finalmente, sostuvo que el Estado debería enfocarse en ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización, en lugar de aumentar la carga sobre quienes ya tributan. “No se puede trasladar el problema fiscal al contribuyente. Se deben buscar soluciones estructurales y no medidas que afecten la operatividad de las empresas”, concluyó.
